Insiste PRI en juicio político contra El Bronco
Luego de que la Suprema Corte ratificara el prohibir a los diputados sancionar hasta que se resuelva el fondo de la controversia, el coordinador del PRI, Francisco Cienfuegos pidió no adelantar juicios hasta ver cual es la resolución de fondo, e insistió en el juicio político.
Cienfuegos Martínez señaló que los diputados no han sido notificados de nada, y que se tiene que ver como lo está determinando la Corte porque hasta ahorita lo único que determina es lo que ellos ya habían considerado, que no pueden sancionar hasta que no se de la resolución de fondo.
“Esperemos a ver cual es la resolución de fondo, recordarán que desde el primer día que se aprobaron las reglas de operación sancionadoras que propuso Movimiento Ciudadano, el PRI votó a favor para no detener, pero también adelantamos que podría ser un pleito arreglado”, apuntó.
El priista señaló que en lo que estaba facultado como Congreso del Estado era el juicio político, y para eso se requería la voluntad de dos terceras partes de los diputados, en donde el PRI siempre ha estado a favor de llevar a cabo el juicio político y no estarían entrampados en esto.
Cienfuegos invitó a los demás grupos legislativos a sumarse y resaltó que si completan las dos terceras partes pueden iniciar el juicio político esta misma semana.
Detalló que la misma Comisión Anticorrupción estaba presidida por un diputado de Movimiento Ciudadano. “Creo que si existiera voluntad, y tanta insistencia que han tenido, ya hubieran intentado la promoción del juicio político”, apuntó.
Explicó que el juicio político tendría las mismas consecuencias que se propusieron en el proceso sancionador que se aprobó por esta legislatura, pero apegadas a la Constitución.
“Nosotros con el juicio político estamos avalando que se lleve a cabo una investigación en el que se pueda sancionar sin que ninguna otra autoridad nos esté deteniendo el proceso”.
“Por lo menos la decisión estaría dentro del Poder Legislativo y no tendríamos la intromisión de alguna otra instancia”.
Dijo que les llevaría dos o tres meses llegar a una conclusión, menos de lo que demoraría la Corte.
El gobernador Jaime Rodríguez y el secretario general de Gobierno Manuel González fueron señalados responsables por las autoridades electorales de usar a 572 empleados estatales para recabar firmas para la candidatura presidencial del Mandatario en 2018, y se ordenó al Congreso establecer una sanción.
