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Propone Marco González eliminar escoltas a ex-funcionarios

Redacción/SV

Eliminar la asignación de escoltas personales pagados con recursos públicos, a ex funcionarios de todos los niveles en Nuevo León, propuso el Diputado Local por Morena, Marco González, en una Iniciativa de Reforma de Ley.

Acompañado por Ramiro González, Coordinador de la Bancada, y por otros Diputados de MORENA, Marco González presentó esta Iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

“Vemos en las calles, una cantidad de escoltas y de vehículos blindados y la gente se pregunta quién está pagando eso y la respuesta es muy simple: Nosotros mismos, los ciudadanos. Los impuestos de cada uno de nosotros están pagando las escoltas y los autos blindados”, explicó González.

El Diputado por el Distrito 26, consideró que estos escoltas asignados a ex funcionarios de todos los niveles en la entidad, se justificaban en las épocas difíciles de inseguridad que vivió el estado, el periodo 2010 – 2013.

“Pero ahora ya no se justifica, primero, porque las autoridades aseguran que los niveles de inseguridad se han reducido”, recalcó.

“(Además) la gente se pregunta, por qué estar pagando por escoltas y por privilegios, para ex funcionarios públicos, cuando la gente común y corriente, no lo tiene”.

González señaló que le propio Presidente López Obrador ha puesto el ejemplo, al renunciar a la protección que le brindaba el Estado Mayor Presidencial.

“Tenemos un gran ejemplo, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador inmediatamente llegando, desaparece el Estado Mayor Presidencial, que albergaba 8 mil militares de elite y los regresa a las Fuerzas Armadas a cuidar a la gente”, indicó.

El legilador señaló que la Bancada de MORENA estima que aqui en la entidad se esté gastando en escoltas a ex funcionarios, un mínimo de 100 millones de pesos al año, que bien podrían destinarse a reforzar las acciones y programas de seguridad, en pro de la ciudadanía.

“Con 100 millones de pesos, si poneros un salario de 18 mil pesos (al mes) por policía, son más de 470 elementos (policiacos) que se podrían estar pagando anualmente. El sueldo de todo el año”, expuso.

Aclaró que, como la Ley no puede ser retroactiva, de aprobarse esta Iniciativa no podría obligarse a los ex funcionarios que actualmente gozan de escoltas, a renunciar a este servicio.

Pero llamó a dicho ex funcionarios a renunciar en forma voluntaria a esto, en solidaridad con los ciudadanos que carecen de privilegios especiales para enfrentar la seguridad.

“Fuerza Civil ahorita, entre la integración con Guardia Civil, necesita elementos. Entonces, ¿qué major ahorita, nosotros aportar y poner el ejemplo de la austeridad repúblicana, con los ex funcionarios, que ellos mismos, por dignidad, regresen las escoltas, aunque la ley no los obligue”, subrayó.

La Iniciativa presentada por la Bancada de MORENA de Nuevo León, propone reformar los artículos 57 y 143 de Ley de Seguridad Pública para el Estado, para quedar como sigue:

“Artículo 57.- …

A la conclusión del encargo, cesarán las medidas de seguridad y protección contenidas en este capítulo.

Bajo ninguna circunstancia se permitirá que los recursos humanos y materiales destinados a la protección, sean utilizados para atender asuntos personales, siendo su única función la seguridad del servidor. La infracción a lo dispuesto en este párrafo será motivo del retiro de la protección.

Artículo 143.- La protección y escolta de servidores públicos y demás personas que gocen de este beneficio, dentro de su respectivo ámbito de competencia, se observará lo dispuesto en el Capítulo Quinto del Título Tercero de la presente Ley y demás ordenamientos aplicables”.

Actualmente la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, permite que el Poder Ejecutivo, Magistrados, Jueces y Presidentes Municipales, tengan estos privilegios por tiempo determinado, después de haber terminado su mandato, haciendo una discrecionalidad en el uso de recursos humanos.

El tiempo que actualmente los citados ex funcionarios pueden gozar del servicio de escoltas pagados con recursos públicos, es el siguiente:

a) De hasta seis años posteriores a la conclusión del encargo, para el Gobernador del Estado;

b) De hasta tres años posteriores a la conclusión del encargo, para el Procurador General de Justicia y el Secretario General de Gobierno;

c) Por un periodo igual al tiempo en que desempeño su encargo o hasta tres años posteriores a la conclusión, lo que resulte menor, para Presidentes Municipales; o

d) Por un periodo igual al tiempo en que desempeño su encargo o hasta dos años posteriores a la conclusión, lo que resulte menor, para Magistrados, Jueces del Poder Judicial y cualquier otro supuesto.

 

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