Persiste “cochupo” a cambio de contratos: Constructores

Gallo Palmer denunció que en el sistema de la obra pública hay mucha corrupción e impunidad en la asignación de los contratos con la exigencia de “cochupos” a cambio de la realización de las obras llegando al grado del chantaje, práctica equivalente al cobro de “derecho de piso”.

Dijo que los grandes proyectos son otorgados a las mismas empresas constructoras -ocho o nueve-, que siempre aparecen como las ganadoras de las licitaciones, pero lo gravoso es que todo eso va a resultar en una gran deuda para la sociedad durante muchos años, porque el gobierno federal “está gastando dinero que no tiene”.

Eso además del agravante de que se hacen obras innecesarias y en lugares inadecuados como es el caso de la construcción del nuevo aeropuerto con un costo de 250 mil millones de pesos, misma que va a tener consecuencias fatales porque se está levantando sobre un lago. Y consideró absurdo que solamente en el relleno del terreno se hayan gastado 80 mil millones de pesos.

Gallo Palmer estableció un diálogo con los agremiados a la AMIC de Monterrey donde esa asociación firmó un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Supervisión.

En el acto, dijo que las pequeñas y medianas constructoras son marginadas de los grandes proyectos de obra pública y en los sectores donde tienen acceso a los concursos hay una enorme corrupción e impunidad porque se exigen cochupos, además de las cláusulas gravosas que se imponen como tener que entregar fianzas para todo, pero no se fija una sola que obligue al gobierno “a pagar en tiempo y forma”.

Abundó que a la marginación de los pequeños y medianos constructores de los concursos, cada año nacen nuevas empresas del ramo creadas por políticos, diputados o senadores. Denunció que hay una práctica extendida de la asignación directa de la obra pública en donde es necesario anular un artículo de la Ley de obra pública que faculta a funcionarios para que otorguen los contratos por asignación directa, sin licitación de por medio.

Demandó la creación de “comités ciudadanos de fallos” para combatir los actos corruptos en la asignación de las obras toda vez que hay entidades donde se otorgan contratos millonarios sin licitación.

Y cancelar la figura del “testigo social” de las obras toda vez que en ese aspecto hay 40 personas habilitadas para dicha función, de las cuales 37 son ex funcionarios del gobierno mismos que por sus servicios cobran el 2 por ciento sobre el costo de cada obra y si, por ejemplo, una de ellas es de un monto de 800 millones de pesos, el “testigo” cobra 16 millones de pesos, detalló.

No obstante, el empresario constructor dijo a sus agremiados de Monterrey que “no todo está perdido” porque ha encontrado voluntad político entre miembros del Congreso de la Unión dispuestos a promover reformas de Ley para despejar la corrupción en el sector de la construcción.

Gallo Palmer informó que ha encontrado conductas positivas de prácticamente todos los coordinadores de las diputaciones para acabar con los actos corruptos y promover el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Por nuestra parte, abundó, nos proponemos para ejercer de gestores de los ayuntamientos para conseguir recursos presupuestales.

La propuesta es integrar el Censo de Infraestructura de los Ayuntamientos, con el objetivo de enlistar las obras que se requieren en los municipios y hacerlas en los sitios adecuados, que verdaderamente le sirvan a la población, sustentó Gallo Palmer.