Propone Ley para Protección de Periodistas en NL
Redacción/SV
Una iniciativa de Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Nuevo León, que otorgue garantías y reconozca el periodismo como actividades de interés público, fue propuesta por el diputado José Luis Garza Ochoa.
La Ley de XV capítulos, establece la petición de medidas preventivas, de protección urgente y de carácter social y la creación de un fondo para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para la operación entre otras, de las medidas antes descritas.
Propone además, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Nuevo León, un organismo público descentralizado del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones.
Se establece que el mecanismo contara con una Junta de Gobierno; una Dirección; un Consejo de Evaluación de Medidas; un Consejo Consultivo; y una Mesa de Trabajo Multisectorial.
En la iniciativa entregada en la Oficialía de Partes del Congreso Local, se reconoce el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público y por lo tanto el Estado debe de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ello.
Destaca la necesidad de garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral y económica, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas cuando se encuentran en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad.
Inclusive, establece salvaguardar derechos y bienes de familiares o personas vinculadas a periodistas, colaboradores o defensores de derechos humanos.
En su exposición de motivos, el diputado integrante de la fracción legislativa del PRI, establece el reconocimiento de los derechos específicos de los profesionales de la información como fundamental para la consolidación de un estado de derecho pleno y democrático.
Añade que cualquier interferencia en el derecho a la información, bien sea que provenga del poder político, del poder económico, de los medios de comunicación o del crimen organizado, atenta no sólo contra los derechos individuales de los periodistas, sino contra las bases y los fundamentos de un sistema democrático.
Ahora bien, la presencia del crimen organizado en México se ha reflejado también en las muertes de periodistas, amenazas y atentados contra medios de comunicación.
El ejercicio de un periodismo de alto riesgo, por sus características, afecta intereses de terceros, lo que pone en peligro la integridad física de los profesionales de la información, de las instalaciones del medio de comunicación en el que laboran y hasta de sus familiares y conocidos, puntualiza Garza Ochoa.