Reactiva FGR investigación contra Samuel; podrían anular elección
La Fiscalía General de la República (FGR) a solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reactivo la investigación contra el gobernador electo, Samuel García Sepúlveda.
De probarse que parte de el dinero usado en su campaña electoral su triunfo electoral sería anulado y se convocaría a nuevas elecciones.
La investigación contra García Sepúlveda ya había sido anunciada por la FGR, pero suspendida por ser periodo electoral.
En una carpeta de investigacion similar anunciada el mismo día está implicado el candidato priista a la gubernatura, Adrián de la Garza, por ofrecer tarjetas bancarias a los ciudadanos presuntamente a cambio de votos
Aunque ambos temas no están relacionados, de la investigación criminal se descubrió que parte del dinero de procedencia ilícita, fue usado en la campaña.
Aunque la investigación se maneja en total secrecía, trascendió que el expediente ya fue reabierto y la investigación continúa.
La Unidad de Inteligencia Financiera al mando de Santiago Nieto Castillo investigó a la familia de García Sepúlveda, que en pocos meses cambió de una vida modesta a una de lujos y abultadas cuentas millonarias
Durante meses la investigación reveló la existencia de lavado de dinero derivado de negocios ilícitos, venta indiscriminada de facturas, creación de empresas fantasmas, adquisición de inmuebles y muebles con tarjetas bancarias de empresas ilegales y otros delitos graves.
En las operaciones están implicados el padre, el suegro, la esposa y familiares y amigos cercanos a García Sepúlveda.
Entre las irregularidades se descubrió la compra de un lujoso automóvil Mercedes Benz adquirido por la esposa del candidato y pagado con una tarjeta American Express, de una empresa ilegal.
El ahora flamante Gobernador dijo ser víctima de persecución y revancha política y pidió que dejarán fuera de la investigación a su esposa y padre.
La investigación llevó a descubrir una extensa red de empresas fantasmas que facturaron sumas millonarias de operaciones comerciales que nunca existieron para defraudar al fisco.
García Sepúlveda aceptó públicamente recibir una donación de su familia de 20 millones de pesos. La Ley Electoral sólo autoriza a recibir donaciones de hasta un máximo de 700 mil pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene registros que revelan que García Sepúlveda gasto un promedio de 13 millones de pesos al día en su campaña política.
De comprobarse el millonario gasto la Ley Electoral contempla la anulación del proceso y la obligación de convocar a nuevas elecciones.
Al mismo tiempo la FGR podría detener a todos los implicados y consignarlos por los delitos que les resulten.
La investigación financiera se suspendió provisionalmente para no politizarla por el proceso electoral, pero la carpeta de investigación que pareciera la Caja de Pandora, ya fue reabierta.
García Sepúlveda retó a las autoridades electorales diciendo que la UIFI (sic) y el Centro no lo iban a doblar.
El portal noticioso Animal Político destacó que a lo largo de la presente campaña se integraron expedientes contra García que, incluso, fueron turnados al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el manejo de las finanzas.
De acuerdo con esa nota, al candidato de Movimiento Ciudadano (MC) se le investiga por depósitos de hasta 26 millones de pesos a una empresa inexistente, como lo confirmó el Servicio de Administración Tributada (SAT).
Además, hay otra indagatoria por hasta 170 millones de pesos triangulados entre firmas, lo que representaría lavado de dinero, así como consumos por más de 18 millones de pesos en tarjetas de crédito y otros tantos millones retirados en efectivo.
Animal Político, que tuvo acceso a la indagatoria, detalló que se investigan dos transferencias bancarias por 26 millones de pesos que Samuel García recibió entre julio y agosto de 2012, de una empresa denominada Grupo Renok SA de CV, que sería inexistente. En 2015 el SAT la consideró empresa fachada.
El candidato ganador en Nuevo León también es investigado por su relación con la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles SA de CV, de la que posee 35%, según la indagatoria, misma que señala que los otros socios son el despacho del padre de Samuel García, García Mascorro Abogados Firma Jurídica y Fiscal SC, además de Firma Contable y Fiscal Contadores Financieros SC, y Firma Jurídica
y Fiscal Abogados SC.
Desde estas firmas fueron enviados a SAGA 171 millones 650 mil pesos en 56 operaciones bancarias, entre 2016 y 2019, según Animal Político. Esa firma, constituida con un capital superior a los 106 millones de pesos, es investigada para determinar si es únicamente concentradora de recursos, para dispersarlos, dado que no reporta actividades comerciales que justifiquen los pagos recibidos.
Firma Jurídica y Fiscal Abogados, de la que es socio Samuel García Mascorro, padre del ganador en la contienda por la gubernatura, ha transferido 80 millones de pesos a SAGA, y es señalada por presuntas operaciones inusuales.
En la nota publicada también se hace referencia a la esposa del ahora gobernador electo, Mariana Rodríguez Cantú, a quien se señala por haber recibido -entre noviembre de 2018 y febrero de 2019- 60 transferencias bancarias vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por un millón 371 mil pesos, desde una cuenta con alertas por operaciones irregulares.
También es investigado el padre de Mariana, Jorge Rodríguez, quien entre 2016 y 2019 recibió 6 millones 201 mil pesos de las empresas XCW Logistics SA de CV y Servicios y Asesorías Zulamak SA de CV, reportadas con operaciones inusuales.
El 10 de mayo, a mediados de la campaña electoral, la Fiscalía General de la República (FGR) publicó un boletín en el que señaló que investigaba a los candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Samuel García, de MC.
Al referirse al abanderado emecista, precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investigaba a García y a su esposa, así como al padre de ésta, por presuntos delitos electorales relacionados con manejo de recursos de origen ilícito.