Pide Rocío Montalvo cárcel a acumuladores de basura en casas abandonadas
Redacción/SV
Con la meta de terminar con el problema sanitario y de inseguridad que padecen miles de familias en Juárez y todo Nuevo León, la diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame, coordinadora del Grupo Legislativo “Únete Pueblo”, presentó un nuevo proyecto de modificación al Código Penal del Estado de Nuevo León.
La propuesta tipifica como delito penal la acumulación de desechos en inmuebles colindantes a zonas habitacionales o comerciales, e incrementa la pena de cárcel para quienes atenten contra el entorno y la salud pública.
La legisladora independiente expuso que, según los indicadores del INEGI, en el estado hay más de 286 mil viviendas deshabitadas, problemática que se agrava con los terrenos baldíos abandonados.
En el municipio de Juárez esta situación se ha vuelto crítica, donde propiedades desocupadas terminan convertidas en basureros clandestinos y vertederos de escombro por la negligencia de dueños, de personas posesionarias y de los recolectores ilegales.
“En mis recorridos por las colonias, las jefas de familia, los adultos mayores y los vecinos en general me han contado el viacrucis que viven a causa de estos inmuebles invadidos. Los reglamentos municipales y las multas ya han probado no ser suficiente, en parte porque a la autoridad no le interesa resolver el problema sino solamente recaudar dinero.
“Por eso, estamos planteando castigos más severos en el Código Penal, ya que la acumulación desmedida de basura no debería ser una falta menor. Es un foco de infección que desata plagas de ratas, víboras, del mosquito transmisor del dengue, además de aumentar la inseguridad porque sirven de guarida para la delincuencia”, comentó la diputada Montalvo.
La reforma de la diputada Rocío Montalvo se basa en tres pilares.
Penalización a acumuladores: Se adiciona la fracción VIII BIS al artículo 446 para tipificar el almacenamiento y acumulación de escombro, residuos sólidos urbanos o de manejo especial dentro de predios que colinden con viviendas o comercios.
Cárcel y multas severas: Quienes realicen u ordenen estas conductas alcanzarán una pena de 3 a 12 años de prisión y sanciones económicas de 200 a 300 cuotas.
Mano dura a infractores ambientales: En el artículo 447, se eleva el castigo de 5 a 15 años de cárcel (antes de 3 a 9 años) y multas de hasta 2,000 cuotas para quienes violen las normas ecológicas dañando la salud pública y los recursos naturales.
La legisladora de Únete Pueblo dijo que el marco legal actual se ha limitado a una visión puramente recaudatoria mediante leyes hacendarias o de salud, obligando a los dueños a hacer limpiezas periódicas, mismas que son ignoradas en su mayoría. Al trasladar esta conducta al código criminal, se dota a las autoridades de herramientas que verdaderamente puedan disuadir.
Argumentó que el derecho a vivir en un medio ambiente sano es una garantía constitucional que se debe proteger sin titubeos. El proyecto de decreto fue entregado formalmente en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo para su turno a comisiones, análisis y posterior aprobación.
“Voy a buscar el apoyo de otras bancadas en el Congreso para que este tema sea tratado en calidad de urgente y pueda estar ya en la ley. Así me lo piden mis vecinos de Juárez”, finalizó.