Busca Marisol González garantizar asesorías gratuitas
Redacciòn/SV
Para proteger a las personas que recurren a asesorías gratuitas en momentos de vulnerabilidad, la Diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Defensoría Pública y a la Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León, para establecer mayores estándares de responsabilidad, ética y seguimiento en los servicios profesionales de carácter social o comunitario.
La propuesta plantea reformar 11 artículos de ambas leyes para asegurar que las asesorías gratuitas se brinden con el mismo rigor técnico, profesional y ético que un servicio privado remunerado, esto surge ante los múltiples casos de ciudadanos que, tras recibir orientación deficiente o irresponsable, enfrentaron consecuencias graves en su patrimonio, estabilidad familiar o incluso problemas legales.
“Para mí es muy importante que esto esté regulado en la ley, que hay un padrón que el Instituto de la Defensoría Pública emita los lineamientos, los criterios, para que cualquier persona prestadora de asesorías jurídicas gratuitas tenga que inscribirse en este padrón, cumpla los lineamientos y pueda otorgarlo porque hay muchos abogados charlatanes por todos lados que lo que terminan haciendo es dañando a la gente, que no tienen los mismos criterios al momento de cuando alguien contrata un abogado con una asesoría que le pida cuando es gratuita. Son diferentes los criterios que utilizan y no tienen ese mismo nivel de responsabilidad y de ética”, dijo.
Entre los principales puntos de la reforma destacan la creación de un Padrón Estatal de Prestadores de Asesoría Jurídica Gratuita, administrado por la Defensoría Pública, la obligación de que quienes brinden asesorías gratuitas entreguen constancias de atención, garantizar que los profesionistas acrediten plenamente su cédula profesional y reconocer expresamente la responsabilidad profesional aun cuando el servicio sea gratuito
Además, se contempla que las personas afectadas por negligencia profesional puedan presentar inconformidades y que existan consecuencias civiles, administrativas o penales en caso de daños ocasionados por malas prácticas.
“Cuando una persona busca ayuda gratuita normalmente lo hace en una situación complicada y deposita toda su confianza en quien la asesora. Por eso no puede existir un estándar menor sólo porque el servicio no tenga costo”, expuso.