Busca Brenda Velázquez evitar uso personal de vehículos oficiales
Redacción/SV
Con el objetivo de prevenir el uso indebido de recursos públicos y fortalecer la transparencia gubernamental, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Brenda Velázquez Valdez, presentó una iniciativa para reformar el artículo 191 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, a fin de establecer la obligación de identificar los vehículos y demás bienes muebles adquiridos o arrendados con recursos públicos.
Actualmente, la legislación estatal no contempla una obligación constitucional general para que los vehículos y otros bienes oficiales cuenten con identificación institucional visible, lo que dificulta que la ciudadanía pueda reconocerlos y detectar posibles irregularidades en su utilización.
La legisladora propuso que los Poderes del Estado, los municipios y los organismos constitucionalmente autónomos estén obligados a identificar sus bienes muebles con la imagen institucional correspondiente, salvo las excepciones que establezca la ley.
“El inventario permite saber qué bienes posee cada ente y la identificación visible permite que cualquier persona reconozca esos bienes cuando se utilizan fuera de las oficinas públicas y advierta si su uso corresponde a fines oficiales”, señala la exposición de motivos.
Ante la cercanía del proceso electoral de 2027, Velázquez Valdez destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana para prevenir que vehículos gubernamentales, incluidos los rentados, puedan ser utilizados para fines personales o político-electorales.
La diputada señaló que los bienes adquiridos con recursos públicos deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de las funciones institucionales.
“Un bien plenamente identificable inhibe su utilización para fines ajenos al servicio, facilita la presentación de denuncias ciudadanas y aporta elementos objetivos a los órganos internos de control”, establece la iniciativa.
La propuesta contempla un plazo de 90 días naturales para que los entes públicos emitan los lineamientos técnicos correspondientes y de 180 días naturales para adecuar los bienes a las nuevas disposiciones.
Con esta reforma, la identificación de vehículos y demás bienes oficiales dejaría de depender de decisiones administrativas para convertirse en una obligación constitucional, fortaleciendo la rendición de cuentas y facilitando que cualquier ciudadano pueda reconocerlos y denunciar posibles usos indebidos de los recursos públicos.