Propone fortalecer protección de menores ante violencia familiar
Redacción/SV
La diputada de Movimiento Ciudadano, Marisol González, propuso reformar la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar en el Estado, para garantizar una respuesta oportuna, seguimiento a cada reporte y protección especializada para niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa busca que, desde el primer reporte, las autoridades puedan identificar situaciones de riesgo y activar medidas de protección inmediata cuando esté en peligro la vida, integridad o libertad de una persona, sin que los trámites administrativos retrasen la atención.
“Entre los cambios propuestos se encuentra establecer que, para recibir un reporte y brindar atención inicial, no sea obligatorio presentar una denuncia, acreditar lesiones visibles o esperar a que una tercera persona confirme nuevamente los hechos.
También que cada caso cuente con un expediente que permita documentar el reporte, la evaluación del riesgo, los servicios proporcionados, la canalización a otras instituciones y las acciones pendientes, protegiendo en todo momento los datos personales de las víctimas”, explicó la legisladora.
La propuesta también contempla dar continuidad a la atención, revisar nuevamente los niveles de riesgo cuando se presenten nuevos hechos de violencia y evaluar si los servicios brindados están funcionando, con el propósito de evitar que los casos queden sin seguimiento después de una primera intervención.
En los casos de posible violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes, se propone dar aviso inmediato a la Procuraduría de Protección correspondiente, sin interrumpir la atención urgente ni las acciones ante el Ministerio Público cuando corresponda.
“La iniciativa reconoce que pedir ayuda debe ser el inicio de una respuesta institucional efectiva, no el comienzo de un recorrido entre dependencias. Por ello, buscamos fortalecer la comunicación entre las instituciones para confirmar la recepción de los casos y asegurar que las víctimas reciban la atención que necesitan”, añadió.
Se establece que, de aprobarse y publicarse la reforma, el DIF estatal contará con 90 días naturales para adecuar, junto con las instituciones competentes, sus procedimientos de atención y canalización de casos.
Marisol González afirmó que se busca avanzar hacia una atención integral que priorice la seguridad de las víctimas, especialmente de niñas, niños y adolescentes, y garantice que cada reporte sea atendido, documentado y acompañado hasta dar continuidad a las acciones de protección correspondientes.