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Va Armida Serrato contra suplantación de identidad en cuentas digitales móviles

Redacción/SV

Para combatir el uso y comercialización de suplantación de identidad en plataformas digitales de movilidad y reparto, la diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, propuso reformar el Código Penal para establecer sanciones de tres a ocho años de prisión y multa de mil a dos mil cuotas, que van desde los 117 mil 310 hasta los 234 mil 620 pesos contra quienes faciliten, vendan o permitan el uso de perfiles digitales vinculados a su identidad.

Serrato Flores advirtió que en el área metropolitana de Monterrey se ha identificado un mercado ilegal de cuentas previamente verificadas para aplicaciones de movilidad y reparto, situación que permite que personas distintas a los titulares de los perfiles presten servicios sin haber pasado necesariamente por los filtros de seguridad establecidos.

“La suplantación de identidad en el área metropolitana de Monterrey ha encontrado un nuevo y preocupante canal a través del mercado negro de perfiles para plataformas de movilidad y transporte de alimentos como Uber y DiDi” apuntó.

“La propuesta contempla que quien otorgue su consentimiento para que un tercero utilice su identidad en estas condiciones pueda recibir las mismas penas previstas para el delito de suplantación de identidad de tres a ocho años de prisión y multa de mil a dos mil cuotas”, planteó.

Asimismo, la iniciativa plantea incrementar hasta en una mitad la pena cuando la conducta involucre la administración, adquisición, obtención, reproducción o utilización, sin autorización, de documentos, sellos, certificados, firmas digitales o electrónicas, así como datos biométricos.

La legisladora presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa de reforma al artículo 444 del Código Penal, con la finalidad de ampliar el alcance del delito de suplantación de identidad y contemplar expresamente conductas relacionadas con plataformas digitales, sistemas informáticos y datos biométricos.

“Esta práctica representa un riesgo para los usuarios, debido a que dificulta identificar plenamente a quienes conducen vehículos o realizan entregas bajo una identidad distinta a la propia”, aseguró.

“El problema también involucra a personas que proporcionan voluntariamente sus datos o permiten que terceros utilicen cuentas registradas a su nombre, por lo que planteó equiparar esta conducta al delito de suplantación de identidad cuando tenga como finalidad permitir que otra persona opere bajo una identidad ajena”, remarcó.

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