Plantean PRI y PRD paquete de reformas para regular reconducción

Redacción/SV

Ante los constantes escenarios de reconducción presupuestal en los años recientes, las bancadas del PRI y PRD plantearon una serie de reformas con el propósito de establecer reglas claras para el ejercicio del gasto cuando no haya entrado en vigor una nueva Ley de Egresos y continúe vigente la del ejercicio anterior.

 

Los Diputados Perla Villarreal Valdez y Javier Caballero Gaona presentaron en Oficialía de Partes las iniciativas de reforma a la Constitución local, a la Ley de Administración Financiera y a la Ley de Coordinación Hacendaria.

 

El paquete, denominado “Reconducción con reglas”, busca garantizar la continuidad de servicios y obligaciones indispensables, al mismo tiempo que limita decisiones discrecionales, protege la división de poderes y fortalece la transparencia y la fiscalización.

 

“La reforma protege los recursos de los municipios, de los Poderes Legislativo y Judicial y de los organismos constitucionalmente autónomos, sin que pierdan valor real, ya que deberán actualizarse”, explicó Villarreal Valdez.

 

“Estas iniciativas son como un candado para ver realmente hacia dónde va la reconducción presupuestal y que esta libre disposición no se mueva al antojo del Ejecutivo”, agregó.

 

Por su parte, Caballero Gaona insistió en que las tres reformas contempladas buscan acotar las decisiones unilaterales del Ejecutivo en el escenario de la reconducción, pero garantizar la atención a situaciones extraordinarias.

“Lo que estamos haciendo es ponerle reglas al dinero en una reconducción, porque las reglas de un presupuesto aprobado ya existen, nosotros no estamos poniendo un peso más ni un peso menos, no estamos atándole las manos al Gobierno para los que pudieran pensar en una parálisis”, aclaró.

“Simplemente, lo que estamos haciendo es que las reglas que tiene un presupuesto autorizado, también las tenga una reconducción y que esta reconducción también garantice temas mínimos para la operación del gobierno, que incluya emergencias”, precisó el priista.

La propuesta plantea modificar el artículo 188 de la Constitución Política del Estado; los artículos 24, 24 Bis 1, 24 Bis 2, 24 Bis 3, 24 Bis 4, 24 Bis 5, 24 Bis 6, 40 y 41 de la Ley de Administración Financiera para el Estado; así como los artículos 18, 21, 22, 24 Bis y 27 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León.

En la exposición de motivos, la iniciativa especifica dos escenarios:

1.- Durante la reconducción presupuestal se podrá:

• Cumplir obligaciones previstas en la Constitución, leyes, decretos y resoluciones judiciales exigibles.

• Pagar las remuneraciones de la plantilla autorizada y mantener la operación indispensable de los servicios públicos.

• Cumplir contratos válidamente formalizados, el servicio de la deuda y los adeudos legalmente procedentes.

• Realizar las asignaciones a los Poderes Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y municipios.

• Mantener programas y proyectos vigentes, incluidos los apoyos a organizaciones de la sociedad civil y a pequeñas y medianas empresas.

• Aplicar recursos federales etiquetados y cubrir la coparticipación estatal legalmente exigible.

• Atender emergencias sanitarias, de protección civil o desastres con justificación, fuente de financiamiento y controles.

• Cubrir el financiamiento público de partidos y las erogaciones necesarias para organizar procesos electorales y de participación ciudadana.

2.- Y no se podrá:

• Contratar financiamientos de largo plazo sin las autorizaciones vigentes.

• Establecer contribuciones ni crear dependencias, entidades, órganos, programas o plazas por la sola continuidad del presupuesto, salvo excepciones legales acotadas en seguridad, salud y educación.

• Retrasar, condicionar, reducir o compensar ilegalmente las transferencias de los municipios o las ministraciones protegidas.

• Realizar adecuaciones presupuestarias relevantes sin autorización previa del Congreso cuando se superen los umbrales propuestos.

• Destinar ingresos excedentes a comunicación social o a la creación de programas.

• Utilizar comunicación social para promoción personalizada, propaganda partidista o difusión de logros de gobierno.

• Renovar autorizaciones agotadas o asumir compromisos de ejercicios posteriores sin autorización expresa.