Presentarán Alcaldes iniciativa para derogar “permiso turístico”
Redacción/SV
Alcaldes de los municipios de Monterrey, General Escobedo, San Nicolás de los Garza, Santiago, San Pedro Garza García, García, Apodaca, Ciénega de Flores, Allende y Montemorelos, previa comunicación con diputados y diputadas de diferentes grupos legislativos del H. Congreso del Estado, acordaron presentar esta semana una iniciativa de reforma para derogar las disposiciones que dieron origen al denominado “permiso turístico”, incorporado recientemente a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial del Estado.
Esta iniciativa parte de una convicción común: las políticas públicas deben ser evaluadas no solamente por los objetivos que persiguen, sino también por sus efectos y por las condiciones reales para su implementación.
En el caso específico, es fundamental tener en cosideración la viabilidad en la aplicación de un mecanismo como el aprobado, siendo que existe una importante falla en la coordinación administrativa entre el estado y los municipios ya que, como se ha venido señalando durante los meses recientes, el Instituto de Control Vehicular ha ilegalemente retenido ingresos por derechos y multas de tránisto que conforme a derecho debe entregar a las administraciones municipales.
Las administraciones municipales que promueven esta iniciativa reconocen y la necesidad de fortalecer la seguridad y mejorar la identificación de los vehículos que circulan en Nuevo León.
Sin embargo, se considera que estos objetivos pueden y deben alcanzarse mediante mecanismos eficaces, proporcionales y que tomen en cuenta la realidad social y la dinámica cotidiana de nuestro estado.
La discusión pública generada en torno al denominado “permiso turístico”, así como las inquietudes expresadas respecto de su implementación, hacen necesario que el Congreso del Estado tenga la oportunidad de revaluar la medida y analizar nuevamente su viabilidad, alcances y efectos.
Estamos convencidos de que revisar una decisión pública a partir de nueva información, de las condiciones para su implementación y de las preocupaciones de la sociedad es un ejercicio de responsabilidad institucional.