México no sabe cuántos hijos e hijas viven la desaparición de sus familiares
*Estimación advierte que podrían ser cerca de 165 mil
CIUDAD DE MÉXICO.- Fueron presentados varios hallazgos durante el encuentro virtual “Las hijas e hijos de personas desaparecidas tienen derecho a la verdad, la justicia, la memoria y el futuro”, realizado en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), Buscadoras de Nuevo León, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Tejiendo Redes Infancia, familiares de personas desaparecidas y personas adolescentes.
El informe temático Hijas e hijos de personas desaparecidas en México: estimación nacional, invisibilidad institucional y obligaciones urgentes, elaborado por Tejiendo Redes Infancia y el Observatorio Infancia Latina, identificó en los cortes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del 27 de agosto de 2026 103,176 registros de personas de entre 15 y 49 años que permanecían desaparecidas o no localizadas. Al aplicar como indicador general 1.60 hijas e hijos, conforme a la ENADID 2023, el ejercicio obtiene cerca de 165 mil hijas e hijos potencialmente vinculados con ese universo. La propia metodología advierte que no se trata de personas individualmente identificadas ni permite afirmar que todas sean actualmente niñas, niños o adolescentes.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, explicó que la principal relevancia de la estimación no consiste en presentar una cifra definitiva, sino en evidenciar una responsabilidad pública pendiente: “Lo que es importante señalar es que no hay datos oficiales”. Durante la presentación insistió en que el problema central es que los registros sobre desaparición cuentan personas, pero no reconstruyen sus relaciones familiares, lo que impide saber cuántas hijas e hijos requieren protección, atención, información, acompañamiento o restitución de derechos.
Esta omisión nacional encuentra un correlato concreto en Nuevo León. El Informe especial sobre hijas e hijos de personas desaparecidas. Recomendaciones para el diseño de una política pública, elaborado por la CEDHNL, desarrolló una estimación estatal de 8,941 niñas, niños y adolescentes potencialmente afectados por la desaparición de 5,588 personas de entre 15 y 49 años. Al presentar los resultados, la presidenta de la Comisión, la Dra. Olga Susana Méndez Arellano, Presidenta de la CEDHNL advirtió: “No existe un registro oficial que permita conocer con precisión cuántas niñas, niños o adolescentes tienen a una persona desaparecida en su familia”.
A diferencia de ejercicios sustentados exclusivamente en registros administrativos, el informe de la CEDHNL incorporó directamente las voces de las infancias mediante una audiencia pública en la que participaron 14 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años y 14 madres, abuelas, cuidadoras y familiares. El proceso permitió documentar afectaciones emocionales, escolares, económicas, familiares y comunitarias, pero también sus propuestas dirigidas a las autoridades. Las propias infancias plantearon la necesidad de fortalecer la búsqueda, la seguridad y una respuesta institucional que los escuche y tome en serio.
La desaparición de una persona no produce solamente una ausencia. Reorganiza cuidados sobre cargando a las mujeres, disminuye ingresos económicos, afecta las relaciones familiares, escolaridad, seguridad, limita las posibilidades de recreación y proyectos de vida. El informe documenta que algunas personas adolescentes deben combinar estudios con trabajos prematuros y que el miedo, los problemas de sueño, el bajo rendimiento escolar y las alteraciones emocionales pueden acompañar durante años la incertidumbre sobre el destino de su familiar.
Esa transformación fue descrita durante el encuentro por María Luisa Castellanos, Presidenta de Buscadoras de Nuevo León, quien lleva más de 15 años buscando a su esposo y acompañando a sus cuatro hijos. “Creo que tendríamos que preguntar qué es lo que no cambia, porque cambia todo radicalmente”, señaló. Castellanos cuestionó especialmente las prácticas adultocéntricas que, bajo la intención de proteger, excluyen a las infancias de información que afecta directamente sus vidas y alertó sobre el estigma que también pueden enfrentar en escuelas y comunidades.
La voz de Darian, adolescente e hija de una persona desaparecida, colocó en el centro una experiencia que difícilmente aparece en los registros institucionales. “Crecer buscando a alguien es crecer con una ausencia, pero también con esperanza”, expresó. La adolescente pidió que autoridades, escuelas y sociedad escuchen y tomen en serio su dolor, garanticen acompañamiento psicológico y educativo y eviten que las personas desaparecidas terminen reducidas a una cifra o a una noticia que después se olvida.
Su participación evidenció uno de los planteamientos centrales de ambos informes: las hijas e hijos de personas desaparecidas no son únicamente personas que necesitan protección, sino titulares de derechos, personas con agencia y fuentes legítimas para comprender las consecuencias de la desaparición y participar en las decisiones públicas que afectan sus vidas.
La discusión recuperó también la experiencia desarrollada por CEPAD en Jalisco, donde desde 2022 se han fortalecido procesos colectivos de acompañamiento psicosocial para niñas, niños y adolescentes que buscan a familiares desaparecidos. En agosto de 2025, la organización realizó en Guadalajara el primer Encuentro Nacional “Ausencias que se nombran, voces que se encuentran, tejiendo el cuidado colectivo”, en el que participaron más de 70 niñas, niños, adolescentes, juventudes y personas cuidadoras procedentes de Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Veracruz y Zacatecas. El encuentro combinó espacios diferenciados por edades e intergeneracionales para hablar de las ausencias, las experiencias de violencia, las emociones y las estrategias de resistencia y cuidado colectivo. (CEPAD )
Francisco Campos, de CEPAD Jalisco, explicó que esos procesos buscan trascender una mirada centrada exclusivamente en el daño: “No se trata únicamente de mirar el dolor o la condición de víctima”. El acompañamiento, señaló, debe reconocer las capacidades, recursos, formas de resistencia, experiencias y propuestas propias de niñas, niños y adolescentes, sin trasladarles responsabilidades que corresponden a las personas adultas y, fundamentalmente, al Estado.
La experiencia de CEPAD también permitió documentar cómo el silencio adulto puede producir nuevas afectaciones. Su diagnóstico Las infancias como principio rector advierte que, cuando no existe una explicación adecuada sobre la desaparición, niñas y niños pueden construir interpretaciones propias que incrementen la culpa, la ansiedad y la incertidumbre. La CEDHNL retomó este antecedente para señalar que ocultar información no necesariamente protege y que cada niña o niño requiere respuestas adecuadas a su edad, contexto y autonomía progresiva.
El informe de la CEDHNL plantea respuestas concretas para comenzar a cerrar esa brecha: generación periódica de información estadística; reconocimiento efectivo de niñas, niños y adolescentes como víctimas indirectas; atención jurídica, psicológica y de salud especializada; mecanismos de información accesibles; protocolos de primer contacto; prevención del estigma y la discriminación escolar; programas sociales para las familias cuidadoras y mecanismos permanentes de participación infantil y adolescente.
Las voces compartidas durante el encuentro advierten que buscar a una persona desaparecida también significa acompañar a quienes crecen esperándola. Hacer visibles a sus hijas e hijos exige pasar de una política fragmentada y adultocéntrica a una respuesta pública capaz de articular búsqueda, verdad,