Exigen liberar recursos pendientes a Organizaciones de la Sociedad Civil
Redacción/SV
A propuesta de la Coordinadora del Grupo Legislativo del PRD, Perla Villarreal Valdez, la Diputación Permanente del Congreso local exhortó al Gobierno estatal a agilizar y liberar los recursos públicos pendientes destinados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), ya que los retrasos están afectando la operación de programas que atienden a personas en situación de vulnerabilidad.
En tribuna, Villarreal Valdez, señaló que, la falta de recursos ha provocado reducción de personal, cierre de proyectos y el riesgo de que organizaciones tengan que suspender sus operaciones, ya que, de acuerdo con información pública no sé han entregado a las OSC 317.5 millones de pesos, de los cuales alrededor de 88.5 millones corresponden al ejercicio fiscal 2025 y 229 millones al ejercicio 2026.
“Cuando un recurso que ya fue contemplado, autorizado o comprometido no llega a tiempo, las consecuencias terminan afectando precisamente a quienes menos posibilidades tienen de absorberlas”, señaló.
“No estamos hablando solamente de números o de trámites administrativos; estamos hablando de personas que reciben una comida, una terapia, un tratamiento, una asesoría o un acompañamiento gracias al trabajo de estas organizaciones”, afirmó.
Villarreal Valdez subrayó que las organizaciones cumplen una función en áreas como asistencia alimentaria, atención a personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños y adolescentes, salud, rehabilitación y reinserción social.
“No se trata de hacerle un favor a las organizaciones. Se trata de garantizar que continúen los servicios que reciben miles de familias de Nuevo León”, enfatizó.
“Hagamos una revisión más exhaustiva a la Ley de Fomento a la Sociedad Civil Organizada, a efecto de que independientemente de que los recursos se encuentren etiquetados en el presupuesto de ingresos correspondiente o no; las organizaciones puedan recibir los fondos conforme a la misma Ley”, añadió.
Asimismo, solicitó informar si existe un plan de acción para regularizar los pagos y, en caso de no existir, remitir uno al Congreso que incluya los montos pendientes, causas de los retrasos, fechas de entrega, mesas de seguimiento, calendario de liberación de recursos y medidas para evitar que la situación vuelva a repetirse.