Pide Marisol González igualdad urbana y transparencia en zona de riesgo
Redacción/SV
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González, presentó un paquete de reformas en materia de igualdad urbana y ordenamiento territorial para garantizar reglas claras, criterios técnicos y un trato igualitario para todas las personas que habitan o buscan regularizar predios en zonas de riesgo.
La iniciativa plantea modificaciones al artículo 33 de la Ley de Gobierno Municipal y a los artículos 135, 175, 176 y 177 de la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, con el propósito de evitar discrecionalidad en la aplicación de los Atlas de Riesgo y asegurar que las decisiones de las autoridades estén sustentadas en criterios técnicos, públicos y transparentes.
Entre los principales puntos de la propuesta destacan la obligación de los municipios de publicar anualmente un registro de permisos, negativas y dictámenes emitidos en zonas de riesgo, el establecimiento de criterios homogéneos para evaluar predios, colonias y desarrollos con condiciones territoriales semejantes.
Además de la creación de una ruta técnica para la regularización de asentamientos cuando el riesgo sea mitigable y existan estudios que lo acrediten, herramientas públicas para que la ciudadanía conozca claramente qué restricciones, riesgos y medidas aplican en cada zona y la obligación de que toda negativa o autorización esté debidamente fundamentada con información técnica específica.
“Lo que estamos pidiendo nosotros es que haya una igualdad urbana y que haya un piso parejo para la regularización de las viviendas. Y entonces, sin importar si tienes dinero o no, tú puedas acceder al derecho que tenemos en la Constitución, que es el derecho a una vivienda digna”, señaló la legisladora.
Reiteró que las reformas buscan brindar certeza jurídica, transparencia y justicia urbana, sin poner en riesgo la integridad de las familias ni permitir construcciones en zonas consideradas como no mitigables.
“La seguridad de las personas debe ser la prioridad, pero también debemos evitar que el Atlas de Riesgo se convierta en una herramienta discrecional que termine excluyendo a familias o aplicándose de manera desigual”, concluyó.