Samuel no ha enviado propuesta de quién ocupará Tesorería: Itzel Castillo

Itzel Casillo Almanza, presidenta de la mesa directiva del Congreso, manifestó que hasta la fecha el gobernador, Samuel García Sepúlveda no ha notificado quien deberá ocupar la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, ante la renuncia en diciembre de Carlos Garza Ibarra.

Ante la ausencia, dijo al hacer de la tribuna, el titular del Poder Ejecutivo designó como encargado de despacho a Ulises Carlín de la Fuente, sin una debida publicación en el Periódico Oficial del Estado ni notificación al Poder Legislativo.

Destacó que el Congreso del Estados se encuentra atento y a la espera de recibir por parte del titular del Poder Ejecutivo, la propuesta de nombramiento de la persona que deberá ocupar de forma definitiva la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, considerando que el vencimiento de los noventa días que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, fue el pasado primero de abril.

“Sin embargo, desde esa data y hasta a la fecha en que se realiza este pronunciamiento, no ha sido recibida en este Congreso propuesta alguna por parte del titular del Poder Ejecutivo Local para el nombramiento de la persona que deberá ocupar la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

“La permanencia indefinida de una figura de encargado de despacho en una dependencia cuya titularidad se encuentra sujeta a un mecanismo Constitucional de intervención del Congreso puede traducirse en una desnaturalización de la regla constitucional de colaboración y control entre poderes, vaciando de contenido la competencia de este Poder Legislativo para conocer y resolver sobre la propuesta correspondiente”.

Ante esta omisión, destacó, no solamente se están afectando los principios rectores en la materia, previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino además, se están vulnerando los principios de supremacía constitucional y de División de Poderes, en virtud de que la omisión del Poder Ejecutivo, impide a este Congreso Local cumplir con el mandato constitucional previsto en el artículo 96, fracción XXII, de la Constitución del Estado lo cual implica una violación constitucional grave.

Algunas consecuencias de lo antes descrito, advirtió, es la falta de certeza jurídica para los actos que emite el tesorero como los convenios con la Federación, lo que provoca que ciertos fondos no se entreguen o los retrasos en la recepción de participaciones federales por falta de un interlocutor legalmente reconocido, entre otros.