Plantea Miguel Sánchez fortalecer protección estudiantil
Redacción/SV
Con el compromiso de garantizar que las escuelas sean espacios seguros y libres de violencia, el diputado federal, Miguel Ángel Sánchez Rivera, acompañado por los diputados locales Melisa Peña y Baltazar Martínez, presentó hoy la iniciativa “Fortalecimiento de la Protección Estudiantil: Prevención de la Violencia y el Abuso en Entornos Educativos.
Esta propuesta busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolade garantizar que las escuelas sean7r, estableciendo sanciones más severas para los delitos de abuso y violación cometidos en instituciones educativas, así como protocolos obligatorios de prevención y atención para garantizar que las denuncias sean atendidas con inmediatez y sin omisión.
Actualmente, el Código Penal del Estado de Nuevo León solo contempla una agravante para el delito de abuso sexual en centros educativos, pero no para el delito de violación. Esta omisión impide que los responsables enfrenten consecuencias proporcionales a la gravedad del delito, por lo que la iniciativa propone subsanarlo con penas más severas.
“Felicito a los alumnos que se organizaron y lograron este gran movimiento. Sin ellos, sin duda, no nos habríamos dado cuenta en todo Nuevo León. Es algo que nos preocupa como sociedad y que, por supuesto, no debe ser protegido, ni encubierto, y mucho menos volver a suceder”, señaló Miguel Ángel Sánchez Rivera.
¿Qué propone la iniciativa?
Endurecimiento de penas: Se establece como agravante específica el delito de violación en instituciones educativas, con un aumento de pena de 5 a 10 años de prisión.
Protocolos obligatorios: Se adiciona la obligación de que todas las instituciones educativas cuenten con un Protocolo Interno para la Prevención, Atención y Actuación en casos de violencia escolar, acoso, abuso y violación.
Supervisión activa: Se crea un Comité de Prevención y Atención de la Violencia Escolar en cada escuela, integrado por directivos, docentes, padres de familia y estudiantes para vigilar la correcta aplicación de los protocolos.
Registro y seguimiento de denuncias: Se establece la obligación de que todas las instituciones educativas cuenten con una bitácora escolar en la que se registren de manera detallada todas las denuncias de violencia, acoso, abuso o represalias.
Acción inmediata ante denuncias: Se elimina la discrecionalidad de los directivos escolares, exigiéndoles registrando y notificando de inmediato a las autoridades competentes cualquier situación de violencia, especialmente cuando la víctima sufra afectaciones psicológicas o físicas.
Las instituciones educativas no pueden ser espacios de impunidad ni lugares donde las denuncias sean ignoradas. Proteger a las y los estudiantes debe ser una prioridad inquebrantable, y esta iniciativa cierra cualquier margen para la omisión.