Sancionará Congreso en lo individual al Bronco y Manuel González
Redacción/SV
El Congreso de Nuevo León descartó el juicio político contra el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón pero aprobó por mayoría las reglas procesales para aplicar una sanción directa por el asunto de las firmas que incluye también al secretario general de Gobierno, Manuel González Flores.
En las reglas procesales se establece que el gobernador Jaime Rodríguez y Manuel González tendrán una audiencia para presentar pruebas y tras agotar esta fase se determinará la sanción.
La sanción será de manera individual y de acuerdo a la gravedad de la irregularidad de cada uno de los funcionarios, pero el castigo podrá ser desde un apercibimiento hasta la destitución e inhabilitación.
Las reglas procesales fueron aprobadas por 38 votos a favor y dos abstenciones, éstas últimas de las diputadas Claudia Tapia e Ivonne Bustos, mientras que Mariela Saldívar se excusó de la votación por ser la promotora de la denuncia.
Horas antes en la Comisión Anticorrupción el dictamen había sido aprobado y posteriormente pasado al Pleno.Durante la discusión en comisiones, Claudia Tapia, de Morena Cuarta Transformación, advirtió que este procedimiento podría traer inconformidades de los señalados, pero votó a favor de la propuesta, en tanto Horacio Tijerina, de Movimiento Ciudadano, defendió el camino legal de sanción directa al señalar que el proceso no debe demorarse más, además de que el Congreso tiene facultades para sancionar.
Las bancadas del PRI y de Morena Cuarta Transformación consideraron que durante mucho tiempo determinaron que la sanción debía darse por un juicio político, cambiaron de opinión y votaron a favor del dictamen de la sanción directa.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emplazó a los diputados de Nuevo León para que a más tardar el 20 de diciembre sancione a El Bronco y a su secretario de Gobierno, por el desvío de recursos para recolectar firmas a favor de la candidatura presidencial.
Tanto El Bronco como el secretario de Gobierno mantienen impugnaciones contra la decisión del TEPJF en tanto asociaciones civiles se pronuncian por una sanción que siente un precedente en el País.
