Presentan resultados del estudio de movilidad y transparencia en NL
Redacción/SV
La creación de una autoridad metropolitana de que regule el transporte para toda la ciudad y la importancia de los sistemas electrónicos y unificados para la recaudación del peaje, son algunos de los principales resultados del “Estudio de Movilidad y Transparencia para el Estado de Nuevo León” que llevó a cabo la Universidad de Manchester, Inglaterra.
El análisis que se realizó a petición del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEANL) y del Consulado General de Gran Bretaña en Nuevo León y al que se sumaron la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores y el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, tiene como principal objetivo impulsar una política pública transparente que fomente el estado de derecho y la rendición de cuentas.
“Mi agradecimiento al Consulado Británico y a ustedes como alcaldes por la sinergia que se ha logrado, sin duda esto se ha logrado porque estamos en la misma idea, en el tema del combate a la corrupción, en el tema de transparencia. Este proyecto es para los ciudadanos, para que precisamente a sus autoridades les aporten con información con sustento que llegue a aterrizar en políticas públicas importantes”, señaló Guadalupe Rivas, presidenta del CPC.
Por su parte, Gregorio Felipe Pillado, Estudiante de la Universidad de Manchester a cargo del proyecto, señaló que el objetivo del estudio es generar una herramienta técnica y objetiva, ajena a nuestro entorno político y social, que pueda servir a nuestra sociedad en la toma de decisiones respecto a la movilidad.
“El proyecto surgió a partir de una propuesta para una nueva ley de movilidad del Gobierno del Estado y lo que se nos pidió fue revisarla desde dos aristas muy importantes: una tiene que ver con la implementación de una autoridad única de transporte público y la otra tiene que ver la centralización de un sistema de emisión de “tickets” para el uso del sistema del transporte.”, precisó Gregorio Felipe Pillado.
El estudio arrojó 11 recomendaciones en los siguientes temas: 1) Proceso de licitación; 2) Revisiones de desempeño-operadores; 3) Bancabilidad; 4) Gestión de tarifas; 5) Datos; 6) Alcance de la factura; 7) Segregación de deberes; 8) Revisiones de desempeño (para gobernanza); 9) Toma de decisiones politizadas; 109 Establecimiento de tarifas politizadas y 11) Ambiental y seguridad.
En el caso de los procesos de licitación el estudio sugiere la implementación de una licitación transparente, auditada independientemente por la autoridad unificada que tiene en cuenta tanto el precio como la calidad. Para las revisiones de desempeño-operadores se recomendó que el rendimiento de los objetivos relacionados con la calidad del servicio está integrado en los contratos de transporte, operadores y que existe un esquema de penalización e incentivo por no cumplir o exceder estos estándares mínimos.
En el caso de la Bancabilidad se propone que la autoridad unificada considere establecer un contrato apropiado de duración para operadores (entre 5 y 10 años) cuyo precio se basa en una tarifa basada en la distancia, en lugar de un modelo de contrato de ingresos. Esto estabilizará las finanzas de los operadores, facilitando la financiación garantizando que se cubran los costos operativos. En el caso de la Gestión de tarifas se recomendó que se introduzca un sistema de tickets centralizado basado en tarjetas inteligentes como una prioridad en múltiples modos de transporte en Monterrey y que hay una revisión de tarifas en todos los modos para estandarizarlos.
En el caso de los Datos se sugiere que la nueva autoridad implemente un sistema de gestión de datos y tenga un equipo de datos dedicado para administrar e informar sobre la gran cantidad de datos que serán recogido a través de la introducción de boletos electrónicos centralizados. En cuanto al Alcance de la factura se propone la revisión del proyecto de ley para incorporar una definición más amplia de movilidad y que el proyecto de ley se evalúe críticamente en relación con objetivos más amplios, como la planificación urbana y la salud.
Para la Segregación de deberes se recomienda que la legislación que crea la nueva autoridad de transporte estipule la funciones clave, roles y responsabilidades de cada organización que desempeñarán un papel en la estrategia de transporte y ejecución.
En las Revisiones de desempeño (para gobernanza) se señala que el líder de la nueva autoridad y todos los altos directivos tener objetivos de rendimiento detallados que están disponibles públicamente en línea y que hay una revisión de estos objetivos de manera regular, también disponible públicamente en línea.
Para la evitar la Toma de decisiones politizadas se sugiere que exista una documentación clara de los procesos de toma de decisiones dentro de la nueva autoridad. La participación de políticos y no políticos y los interesados también deben ser considerados. En el caso del Establecimiento de tarifas politizadas se propone ya sea un mecanismo objetivo de establecimiento de tarifas, utilizando un enfoque basado en datos para una mayor fijación objetiva de tarifas, o una organización independiente a cargo de la fijación de tarifas.
Por último, para mejorar Ambiental y Seguridad se recomienda la creación de una estrategia ambiental integral para todos los modos de transporte gestionados por la autoridad unificada. Además, se recomienda que la autoridad colabore con grupos de interés para mejorar aún más la seguridad percibida del transporte público.
El estudio completo esta a disposición de la sociedad en general en la página HYPERLINK “http://www.cpcnl.org” www.cpcnl.org, en la sección de proyectos.
