Busca Samuel descongelar sanción contra El Bronco
Redacción/SV
Movimiento Ciudadano busca que el Congreso del Estado de Nuevo León esté obligado a sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón por el uso del aparato estatal en la recolección de firmas para su candidatura presidencial de 2018.
Ante la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el senador Samuel García Sepúlveda presentó la apertura del incidente de inejecución de sentencia.
Se trata del expediente SRE-PSC-153/2018, en el cual ya se había ordenado al Legislativo imponer una sanción al Bronco, pero ésta se ha mantenido congelada desde hace 11 meses.
“Estamos pidiendo que la Sala Superior exija el cumplimiento que hace responsable al gobernador Jaime Rodríguez Calderón de irregularidades y violar la Constitución ya que en campaña cometió muchas infracciones como el uso de credenciales falsas, el uso de empleados en día y hora hábil juntando firmas, como el destino irregular de recursos del estado para juntar firmas y que hoy lleva 11 meses esta sentencia sin cumplirse.
“Fue responsable y vinculado El Bronco a una sanción que puede ser administrativa o penal, porque desvió recursos y obligó a 572 empleados a juntar firmas en día y hora hábil. Hoy la sentencia está congelada en el Congreso de Nuevo León”, dijo.
De acuerdo al líder de Movimiento Ciudadano en la entidad, el castigo hacia el mandatario estatal podría enfrentarlo a la destitución del cargo.
“Obviamente no queremos una amonestación o una multa, vamos a morir en la raya por la destitución, porque ya va en su cuarto año de Gobierno no ha logrado cumplir ni una promesa y hoy el transporte de Nuevo León se encuentra secuestrado por los transportistas cuando la ley y la Constitución le dan a él la facultad de requisar, de quitar permisos o de tomar el control las rutas.
“Esta sentencia lo que obliga es que el Congreso, como superior jerárquico del Gobernador, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Nuevo León sancione y la Ley prevé varios escenarios: apercibimiento, multa y destitución; creemos que es una falta grave haber violado la Constitución, haber puesto a 572 servidores públicos a usar su día y hora hábil a juntar firmas y obviamente en desviar dinero del erario en sus firmas, por eso estamos peleando la destitución”.