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México, el país más peligroso para la prensa

Redacción/SV

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, México es el lugar más peligroso para los periodistas en todo el continente. Intimidaciones, agresiones, ciberacoso, impunidad y más de una centena de asesinatos forman parte de la violencia diaria en la labor de la prensa mexicana en los últimos años.

Según Reporteros Sin Fronteras, en el 2018 México ocupó el lugar 144 -de 180- en su ranking mundial de libertad de prensa… y ese número no cuenta la historia entera.

“La colusión de políticos y funcionarios corruptos con miembros del crimen organizado, sobre todo a escala local, amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia a todos los niveles”, explica la organización en su reporte; un fácil resumen para la situación que provocó 10 asesinatos de periodistas en 2018 y más de 104 en los últimos 12 años.

 Y ya van al menos siete en este 2019. 

Particularmente en el apartado del “Miedo” —no es casualidad—, México figura como el máximo exponente. “Si los periodistas cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades (sobre todo los gobiernos locales) o con el crimen organizado, padecen intimidaciones, agresiones, pueden ser asesinados a sangre fría. Numerosos periodistas han desaparecido en el país; muchos otros se han visto obligados a exiliarse para ponerse a salvo”, resalta Reporteros Sin Fronteras.

En el reporte original la organización notaba que, después de unas violentas elecciones, la llegada de AMLO había calmado “un poco” las tensiones con la prensa mexicana. Sin embargo, después de las felicitaciones presidenciales a los periodistas “prudentes” y el criticadísimo “si se pasan ya saben lo que les sucede”, la organización cambió un poco de opinión.

Los mismos miembros de Reporteros Sin Fronteras presentaron en marzo de 2019 un documento ante la Corte Penal Internacional pidiendo que investiguen al Estado Mexicano por los crímenes contra periodistas cometidos durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto. En el escrito, señalaban 116 delitos distintos -102 asesinatos y 14 desapariciones forzadas- que han sido detectados.

Igualmente señalan que deberían ser considerados crímenes de lesa humanidad. En el mismo comunicado, la organización le pidió a las autoridades mexicanas que declararan la situación como un estado de emergencia.

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