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Rechaza Mariela aprobación de cuentas públicas

Redacción/SV

Por contar con múltiples irregularidades, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, rechazó la aprobación de las cuentas públicas 2017 de tres municipios rurales.

Aunque se aprobaron por mayoría en el Pleno del Congreso, la legisladora dejó en claro que los municipios de Cerralvo, General Bravo y Zuazua no lograron justificar erogaciones millonarias.

Por ejemplo, en el caso de Zuazua, se reportó un daño al erario por 3.5 millones en la construcción de un drenaje pluvial, sin embargo, desde el inicio de esta obra se detectaron irregularidades.

“Es una obra pública de construcción de drenaje pluvial de tercera etapa de la comunidad Hacienda San Pedro y en el reporte de la auditoría se informa que la obra no se licitó.

“Tampoco se registró en el sistema de Compranet, aunque está obligado, y debido a que el proveedor estuvo incumpliendo con la obra se perdieron 67% de recursos federales asignados.

“Además, se pagaron 3 millones de pesos más al proveedor por trabajos que no se hicieron”, dijo.

Por su parte, en el caso de Cerralvo no se lograron justificar 4 millones de pesos, mientras que General Bravo no solventó un monto de 928 mil pesos.

Va la pena mencionar, que la diputada Mariela Saldívar ya se había opuesto a la aprobación de estas cuentas públicas desde su discusión en las comisiones Cuarta y Quinta de Hacienda.

Y RECHAZAN CUATRO CUENTAS ESTATALES

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso, por conducto de la diputada Mariela Saldívar, se unió al rechazo de otros grupos legislativos de cuatro cuentas públicas 2017 del Gobierno del Estado.

Se trató de las correspondientes a la Agencia Estatal del Transporte, el Sistema de Caminos Nuevo León, Fomerrey y Metrorrey.

Durante su intervención, la legisladora manifestó que la fracción ciudadana no dejará pasar “reiteradas omisiones en el cumplimiento de obligaciones financieras” de las autoridades.

“Es importante no dejar pasar actos de corrupción, gastos innecesarios, obras sobrevaloradas o cualquier situación que represente despilfarro al erario público.

“Es nuestro deber ser el último filtro de aprobación de estas cuentas pública”, apuntó.

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