Emite CEDHNL recomendaciones por violación a derechos humanos
Redacción/SV
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, que preside Sofía Velasco Becerra, emitió cuatro recomendaciones, en las que se acreditó actuación violatoria de derechos humanos por parte de elementos policiales, una por omisión en el deber de custodia y otra por la negativa de celebrar un matrimonio entre personas de orientación sexual distinta a la heterosexual.
De acuerdo a los resolutivos del organismo de Nuevo León, también se hicieron recomendaciones por la falta de supervisión de obras municipales que derivaron en la formación de un socavón en el municipio de Monterrey, en donde perdió la vida una persona, además de un caso de inactividad en búsqueda de una persona desaparecida.
En la Recomendación 31/2018, dirigida a la Fiscalía General de Justicia y al Presidente Municipal de Apodaca, se acreditan ocho casos de tortura física y psicológica, así como abuso sexual a personas detenidas en diferentes hechos.
En ello, añadió, se recomienda la elaboración de un mecanismo de control y vigilancia, particularmente en la eliminación de espacios en las instalaciones de la Fiscalía que pudiesen ser utilizados para realizar conductas contrarias a la función policial y de custodia.
La Recomendación 32/2018 reúne 13 investigaciones por hechos ocurridos en los Centros de Reinserción del Estado: 10 casos de muertes de personas privadas de la libertad y tres de lesiones provocadas por otros de sus iguales.
Dentro del resolutivo, apuntó, se concluyó que fueron violentados los derechos humanos por fallas en el deber de custodia como la omisión o abstención de proteger adecuadamente la integridad física y psicológica, para lo que se debe suplir el déficit existente en el personal de seguridad y custodia, así como también promover cursos y talleres de salud mental para personal y población penitenciaria.
Asimismo, dentro de los puntos de la Recomendación 33/2018, la CEDH pide al Congreso de Nuevo León impulsar las iniciativas al artículo 147 del Código Civil estatal, referente a garantizar el acceso al matrimonio a todas las personas, a la Dirección General del Registro Civil del Estado de Nuevo León.
De igual, deslindar responsabilidades administrativas del personal involucrado en un caso de negativa para realizar el contrato matrimonial de dos personas del mismo sexual, violentando así su derecho de igualdad ante la ley y a la no discriminación.
“Al Presidente Concejal de Monterrey se dirige la Recomendación 34/2018 por el caso del socavón generado en Av. Los Ángeles, en el que perdió la vida una mujer; de la investigación de esta Comisión se concluyó que hubo falta de supervisión, vigilancia, control y revisión para la correcta ejecución de la obra, lo cual es obligación del Gobierno Municipal por medio de la Secretaría de Obras Públicas”, dijo.
Ante esto, se solicitó al municipio regiomontano adopte y se mantengan cursos de capacitación integral sobre la obligación de adoptar medidas para salvaguardar la vida y evitar riesgos a la ciudadanía.
En la Recomendación 35/2018 se concluye que en el caso de un menor de edad detenido por elementos de Fuerza Civil se registraron diversas contradicciones, que representan un menoscabo a los derechos de la niñez.
Entre éstas, mencionó el no notificar a su familia y mantenerlo en custodia de elementos policiales por más de ocho horas, por lo que se llamó a la implementación de un protocolo de actuación para la detención de menores de edad y se solicita se de vista a la Fiscalía General de Justicia.
La CEDH reiteró el derecho a la no discriminación y la igualdad ante la ley de las personas LGBTTTI en la Recomendación 36/2018, relativa a un caso en donde se acreditó violación a los derechos de libertad y seguridad personales, derivado de la detención de una pareja del mismo sexo por elementos policiales de Apodaca.
Ante esta violación, el organismo pidió sea iniciado procedimiento de responsabilidad administrativa y se implemente capacitación continua sobre derechos humanos y perspectiva de género.
En cuanto a un caso de búsqueda de una persona desparecida, se emitió a la Fiscalía General de Justicia del Estado la Recomendación 37/2018, en la que se comprobó la inactividad de hasta por 130 días y la falta de probidad en la investigación.
Además, se acreditó la mala integración de la averiguación previa y que no hubo intervención de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, por lo que se solicitó que se integre de forma exhaustiva la averiguación previa y se pidió aplicar la última emisión del Protocolo de Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas.