Denuncia MC al Bronco y sus aliados ante INE

Redacción/SV

Los diputados de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar y Samuel García presentaron esta tarde una denuncia contra el gobernador con licencia Jaime Rodríguez Calderón y otros funcionarios estatales por hechos probablemente constituidos en delitos en materia electoral ante el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Los legisladores acudieron a las oficinas del INE ubicadas en la calle Ocampo, del centro de Monterrey a presentar la denuncia.

En la denuncia presentada por los legisladores locales y firmada por precandidatos a diputados locales por Movimiento Ciudadano, se señalan  algunas presuntas irregularidades cometidas por el gobernador con licencia y funcionarios del gabinete estatal.

Entre las irregularidades que señalan son las siguientes: Auxiliares dudosos.- En fecha 10 de noviembre de 2017, se dio a conocer que “El Bronco” tenía diversos auxiliares con conductas dudosas, ya que una sola, de nombre Lorena Mariana Saavedra Ferriz, registró un promedio de 242 firmas recabadas por día y tenía vinculados 60 celulares a su cuenta.

Además de apoyo del gobierno del Estado de México, donde fechas 6 y 7 de diciembre de 2017, se dio a conocer que “El Bronco” tenía más firmas recabadas en una de las entidades federativas donde el Partido Revolucionario Institucional gobierna y cuenta con la maquinaria más pesada y perversa para la compra y coacción del voto: el Estado de México. El Estado de México incluso le ha dado más firmas al aspirante independiente que su propia entidad de origen, Nuevo León, siendo esto por demás sospechoso.

Todas las anteriores sospechosas situaciones permiten presumir que se han estado gestando una serie de irregularidades en la etapa de obtención de apoyo ciudadano del aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. Esos hechos son probablemente constitutivos de delito, de conformidad con el artículo 13, fracción primera párrafo segundo, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que al efecto dispone:

Se impondrá de sesenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien: I. (…) A quien por sí o a través de terceros solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo.

“Ya es momento de que la FEPADE y el INE actúen, ahorita son las autoridades más cuestionadas, más pasivas, las han mangoneado, se han reído de ellas, entonces les decimos con toda seriedad que este  es el momento de legitimarse y hacerlo de manera correcta y legal en un Estado de Derecho, tiene que poner observación en Nuevo León porque a diferencia de muchos independientes, aquí sí hay una elección de Estado, aquí sí se están utilizando recursos públicos, se están usando funcionarios y están actuando como un partido, un grupo independiente”, externó García Sepúlveda.

También denunció que en horario laboral funcionarios estatales de la Administración de Jaime Rodríguez Calderón.

Los anteriores hechos son probablemente constitutivos de delito, de conformidad con el artículo 11, fracciones primera y cuarta, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que al efecto señala lo siguiente: “Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que: I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores.

“La hipótesis normativa citada claramente se actualiza con lo relatado en este Hecho Segundo, ya que se comprueba con información del Instituto Nacional Electoral que las firmas recabadas han sido en horario de labores de los funcionarios estatales; así como también se desconoce si el Gobernador con Licencia ha coaccionado o amenazado a sus subordinados para que estén recabando firmas en su horario de trabajo, siendo éstos actos claramente proselitistas”, señala la denuncia.

Y por último la compra de firmas de Jaime Rodríguez Calderón, Mónica Griselda García Candia y Raúl González Rodríguez por la supuesta firma de compras a través de iglesias evangélicas.

Estos hechos son probablemente constitutivos de delito, de conformidad con los artículos 11 (once), fracciones I (primera) y III (tercera), y 14 (catorce) de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que al efecto señala lo siguiente: “Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que: I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado

Además del artículo 14 que dice que se  impondrá prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 11 de esta Ley.

“El procedimiento sancionador tiene que ser expedita y urgente, porque si esperamos a que le validen ya va ser muy tarde el día que esté en la boleta, tiene que ser ya, antes que el INE valide que haya una resolución al respecto y que le quiten el registro y se sancione porque ya estamos cansados de que Nuevo León no solamente nos dejaron morir, que usan  nuestro dinero y nuestros funcionarios, algunos de manera acarreada para favorecer las firmas del Bronco”, dijo.