Exige al “Bronco” dar cuentas de investigaciones de la UANL
Redacción/SV
La diputada federal Paola González, exhortó de nueva cuenta a Jorge Galván González, auditor de la Auditoría Superior del Estado, y al gobernador, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, para que dé cuenta ante el Congreso de la Unión del resultado de las investigaciones en las cuentas públicas 2018, 2019 y 2020 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Lo anterior, por la presunta comisión de fraude fiscal y malversación de recursos del erario público, constitutivos de delitos graves contra quienes resulten responsables.
“El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, el cual instituyó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.”, indicó la diputada.
La diputada recordó que la UANL es un ente público de carácter estatal, sujeto a lo que establece la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.
Y es que, de acuerdo con los datos proporcionados por la investigación periodística del periódico el Norte, la UANL pagó alrededor de 700 millones de pesos a empresas fantasmas y/o factureras desde el 2015, año en el que llegó Garza Rivera. Además, algunas de las firmas fueron creadas en ese mismo año con jubilados como prestanombres, pero también a empresas declaradas por el SAT como facturadoras de operaciones simuladas (EFOS).
“Según la investigación periodística existen compañías de una sola familia y cuyo único cliente es la casa de estudios. Se contabilizan al menos 60 firmas que emitieron comprobantes sin contar con personal o infraestructura para prestar los servicios facturados y cobraron alrededor de 90 millones de pesos.”, dijo la diputada.
Paola González consideró que de acuerdo a toda la investigación y datos que han surgido durante los últimos días, y de acuerdo a la Ley que regula la actuación de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, se destacan, entre otras, las siguientes facultades y prerrogativas:
I. Fiscalizar las cuentas públicas; los ingresos, egresos, deuda, activos, patrimonio, el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos de los sujetos de fiscalización, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas respectivos conforme a los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los recursos públicos;
II. Verificar, en forma posterior a la presentación de las cuentas públicas y de los Informes de Avance de Gestión Financiera, si su gestión y el ejercicio del gasto público de los sujetos de fiscalización, se efectuaron conforme a las disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad, obligaciones fiscales y laborales, contratación de servicios personales y generales, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, usufructos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos y recursos materiales;
III. Comprobar y verificar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos estatales y municipales; y los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que los sujetos de fiscalización celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, y si no causaron daños o perjuicios en contra de las haciendas públicas estatal y municipales así como al patrimonio de las demás entidades sujetas a fiscalización.
Finalmente, la diputada federal indicó que el Gobernador del Estado, y los responsables del gabinete en materia de utilización y vigilancia de los recursos públicos, como lo son la Secretaría de Finanzas y la Tesorería, deberán presentar ante la Cámara de Diputados, que guardan los presupuestos públicos de Nuevo León enmarcados en los Ejercicios Fiscales 2018, 2019 y 2020, toda vez que de manera principal se constituyeron en las fuentes principales de financiamiento y transferencias de partidas estatales y federales en favor de la UANL.
“La observación y debido cumplimiento en el adecuado y transparente manejo de los recursos públicos es una responsabilidad compartida entre los titulares de los poderes del Estado antes expuestos, y por ende, sujetos de control por parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en lo particular, y de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en particular”, concluyó.