Advierte GLMC sobre posible uso faccioso de la ASE
Redacción/SV
El Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano advirtió sobre el riesgo de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) sea utilizada con fines políticos, mediante presiones e intervenciones del titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, José Adán Náñez Balderas, a quien se relaciona con el PAN, para influir en los resultados de las revisiones a las cuentas públicas.
La Coordinadora, Sandra Pámanes, consideró preocupante que el funcionario señalado tenga antecedentes de investigación por presuntos delitos de defraudación fiscal, tráfico de comprobantes fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por los cuales incluso se realizaron cateos en enero de 2022.
Ante esta situación, la Bancada presentó un exhorto ante el Congreso del Estado para solicitar que se investiguen las presuntas presiones e intromisiones externas en la Auditoría Superior del Estado y se garantice la autonomía técnica e imparcialidad en la elaboración de los informes de resultados de las cuentas públicas 2025.
“Queremos dejar muy claro que se quebranta la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior del Estado al permitir que funcionarios de una institución dedicada a la procuración de justicia, cuya competencia inicia únicamente una vez que existen denuncias formalmente presentadas, intervengan de manera previa y extralegal en la fase de auditoría y elaboración de informes técnicos”, dijo Sandra Pámanes.
El exhorto plantea solicitar al titular de la ASE que informe sobre los registros de acceso, visitas oficiales y reuniones sostenidas con servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia y actores políticos durante la integración de los informes, particularmente sobre las visitas de José Adán Náñez Balderas.
También propone iniciar una investigación sobre los señalamientos difundidos públicamente.
Asimismo, se solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado investigar los hechos, abrir la carpeta correspondiente y garantizar que sus funcionarios se abstengan de realizar cualquier acto de intromisión, gestión o presión ante el personal de la Auditoría. También se plantea que el Órgano Interno de Control y la Visitaduría General esclarezcan el motivo y sustento legal de las visitas reportadas, así como el uso de recursos públicos.
Por otra parte, las y los legisladores solicitaron al Pleno del Congreso dar cumplimiento a la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Controversia Constitucional 262/2023, y declarar la nulidad del nombramiento de Alejandro Reynoso Gil
como Auditor Superior del Estado, además de iniciar el procedimiento para designar a un nuevo titular.
“Ya en el pasado hemos venido señalando y denunciando el uso faccioso que se tiene de la Auditoría Superior del Estado y, en este caso, el temor bien fundado de que las cuentas públicas que se entreguen ante este Congreso traerán información que no está apegada a derecho, ni tampoco se cumple con la objetividad y, obviamente, la autonomía de este órgano revisor”, expresó la Coordinadora.