OPINIÓN

Dicha Aportación es transferida por la SHCP, a través de la SEP, a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, que a su vez la transfiere a la Secretaría de Educación del Estado para su ministración mensual a los Cendis.

El manejo de los recursos es revisado cada trimestre por la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación, por la Auditoría Superior de la Federación y por la Auditoria Superior del Estado. En más 24 años de ser auditados, los Cendis no han recibido observación alguna por irregularidad contable, ni se le ha fincado ninguna responsabilidad administrativa.

Sin embargo, el 10 de agosto del 2017, el Director A la SHCP remitió a la PGR denuncia de hechos contra su servidora y/o quienes resulten responsables por el delito de operaciones de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo ¡¡¡

Por el supuesto delito de terrorismo -el cual en México no existe, según nuestras propias autoridades lo han declarado-, la PGR instruyó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el aseguramiento precautorio las cuentas bancarias a mi nombre, dejando sin sueldo a 702 trabajadores, sin alimentos a 7-siete mil niñas y niños y sin gastos de operación a los Cendis.

Todo lo anterior sin mediar notificación alguna, sin apego al debido proceso legal y en franca violación al interés superior de la niñez en su derecho a la educación obligatoria, gratuita y de calidad (Artículo Tercero Constitucional) y a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad (Artículo Cuarto Constitucional).

Con justa razón el Gobierno del Estado pagó salarios, alimentos y operación mensual de los Cendis de agosto a diciembre del 2017 y en lo que va del 2018 ministra la Aportación Federal conforme al convenio de transferencias y con base al Acuerdo del 8 de Diciembre del 2010.

Mediante dicho Acuerdo, el Secretario de Educación del Estado designa a la Directora General de los Cendis y le otorga poder cambiario para abrir, operar y cerrar cuentas bancarias, así como la responsabilidad del manejo de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales, con la obligación de rendir cuentas cada ciclo escolar y de manera extraordinaria…

Incluso, el Gobernador Interino, Manuel González Flores, declaró públicamente que no se detectaron anomalías en el manejo de los recursos con que se manejan los Cendis, por lo que “no hay de qué perdonarlos. No han sido culpados de absolutamente nada”.

Resulta claro que la PGR me persigue por el sólo hecho de pensar y actuar políticamente diferente.

Fue una persecución política del PRI-Gobierno por la decisión del PT de apoyar a Andrés Manuel López Obrador, usando a la PGR y todos sus recursos para cerrarle paso.

Más temprano que tarde, la PGR tendrá que desbloquear y reintegrar 80 millones de pesos a los Cendis, pues 20 millones ya habían sido ejercidos de manera justificada.

No hay ningún delito que perseguir. Esa es la conclusión y quien quiera más claridad que indague.

Monterrey, Nuevo León, a 12 de julio del 2018

María Guadalupe Rodríguez Martínez