Urge que centros penitenciarios atiendan brote de tuberculosis
Redacción/SV
Para cumplir con una recomendación de derechos humanos, la Diputada local del PRI, Gabriela Govea López, llamó a la Secretaría de Seguridad Pública para que, en coordinación con la Secretaria de Salud, implemente campañas de detección de casos de tuberculosis en los centros penitenciarios de la entidad.
Al exponer el tema en tribuna, la también Presidenta de la Comisión de Salud explicó que es necesario que se dé cumplimiento a la recomendación 12VG/2026 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se han documentado graves deficiencias en la atención médica dentro de los centros penitenciarios, tales como diagnósticos tardíos, interrupciones en tratamientos y casos de fallecimientos que pudieron haberse evitado.
“Es inaceptable que hoy estemos hablando de pérdidas humanas por falta de atención médica en los centros penitenciarios. Nuestro deber es garantizar que las leyes se cumplan y que ninguna persona vea vulnerado su derecho a la salud”, expresó.
“A través de este exhorto, estoy solicitando a la autoridad estatal un informe puntual sobre las acciones implementadas para la detección de casos de tuberculosis, en coordinación con la Secretaría de Salud estatal e informen el avance en la elaboración de un Protocolo de Atención Clínica Integral y Seguimiento de Tuberculosis en los centros penitenciarios”, apuntó.
Govea López enfatizó que la atención médica en los centros penitenciarios no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental respaldado por la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual establece la obligación de brindar condiciones de vida dignas, incluyendo servicios de salud integrales, preventivos y curativos.
“Es preocupante la presencia de enfermedades transmisibles como la tuberculosis, la cual requiere protocolos médicos específicos, detección oportuna y personal especializado para su adecuado control, especialmente en espacios con alta concentración de personas”, agregó.
La diputada tricolor reiteró el compromiso del Poder Legislativo con la defensa de los derechos humanos, la salud pública y la dignidad de todas las personas, incluyendo aquellas que se encuentran privadas de la libertad.