Juez federal frena multas del Instituto de Transparencia contra Juárez
Redacción/SV
Un juez federal concedió una suspensión provisional dentro del juicio de amparo promovido por el Municipio de Juárez, con lo cual se ordena al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León abstenerse de materializar o ejecutar multas mientras se resuelve el fondo del asunto.
De acuerdo con el expediente judicial, la suspensión tiene como efecto que no se ejecute la resolución mediante la cual se pretendía materializar una multa económica, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo correspondiente.
Al respecto, el presidente municipal, Félix Arratia Cruz, señaló que la resolución judicial confirma que la vía jurídica emprendida por el municipio es legítima y busca dar certeza institucional ante un cambio de fondo en el sistema de transparencia del país.
Esta suspensión provisional confirma que nuestra defensa jurídica tiene fundamento. Lo que estamos planteando es que, conforme a la nueva normativa federal, los institutos estatales de transparencia deben desaparecer, por lo que es necesario revisar la legalidad de las sanciones que se siguen imponiendo bajo un esquema que está en proceso de transformación, expresó el alcalde.
Arratia Cruz subrayó que el objetivo del municipio no es evadir la transparencia, sino garantizar que las instituciones públicas actúen con apego al nuevo marco constitucional.
En Juárez creemos en la transparencia, pero también en el respeto al Estado de Derecho. Por eso acudimos a los tribunales: para que sea el Poder Judicial quien defina con claridad cómo debe aplicarse la reforma y qué instituciones deben continuar o transformarse, agregó.
Cabe señalar, que en días pasados el Gobierno Municipal de Juárez promovió un juicio de amparo al considerar que diversas actuaciones del Instituto Estatal de Transparencia se sustentan en un modelo institucional que debe ser revisado a la luz de la reforma constitucional federal, la cual establece la desaparición de los organismos garantes locales de transparencia y la reorganización del sistema nacional en esta materia.