Propone que SARE dé servicio en los 51 municipios
Redacción/SV
Con la finalidad de agilizar los trámites que se deben de cumplir para poder instalar empresas en el estado de Nuevo León, es necesario que existan oficinas o enlaces del Sistema de Apertura Rápida de Empresas que ayuden en esta gestión.
Para ello el diputado del Partido Acción Nacional, Ignacio Castellanos Amaya, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León.
“La simplificación administrativa constituye un conjunto de políticas públicas y acciones orientadas a reducir la burocracia, optimizar los procedimientos gubernamentales y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
“Su propósito central es facilitar y agilizar la interacción entre la ciudadanía, el sector empresarial y el gobierno, mediante la eliminación de trámites innecesarios, la estandarización de procesos y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas que permitan gestiones más claras, accesibles y oportunas”.
Castellanos Amaya dijo que el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, que se ha consolidado como un instrumento clave para agilizar y simplificar los trámites necesarios para el inicio de operaciones de negocios de bajo riesgo, actualmente en la ley se contempla para operar en los municipios metropolitanos.
Sin embargo de debe extender su cobertura de prestación de servicios en los 51 municipios del estado; en poblaciones menores a 50 mil habitantes, sería con módulo u oficina, y en poblaciones de más de 50 mil habitantes, la atención se daría de manera directa o a distancia.
“El SARE además e independientemente de lo establecido en sus manuales de operación de cada municipio realizara los siguientes tramites en materia municipal de licencia de uso de suelo, dictamen de protección civil, licencia de funcionamiento y alta en el registro municipal.
“Respecto de trámites de competencia estatal o federal, la ventanilla única brindará orientación y canalización a las autoridades competentes, en términos de la normativa aplicable y, en su caso, de los convenios de coordinación correspondientes”, destacó Castellanos Amaya.