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Piden sea delito incumplir promesas de campaña

Redacción/SV

Con el fin de establecer como delito el incumplimiento de promesas de campaña por parte de los funcionarios públicos, así como definir el concepto de “amor a la patria”, los ciudadanos José Héctor Delgado Ramírez y José Guadalupe Lizárraga Márquez, con apoyo de los diputados Jorge Blanco Durán y Mario Héctor Verduzco, presentaron dos iniciativas en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

En la primera iniciativa se plantea reforma por adición del artículo 389 bis I al Código Penal Federal, donde se equipara al delito de fraude a quien ocupe un cargo de elección popular, y durante el desempeño de su cargo incumpla con los compromisos que haya hecho en precampaña y campaña, mismo que se sancionaría con prisión de 6 meses a 10 años. Además, el servidor público sería destituido de su cargo y se le inhabilitaría durante un periodo de 6 meses a 10 años.

“Es para castigar promesas incumplidas. No puedes tú prometer si no sabes, no puedes prometer si no tienes el conocimiento de lo que vas a hacer no puedes asegurar nada a la gente porque eso es mentir, si tú le dices a la gente voy a hacer esto para que te den el voto y luego llegas y no lo haces es como mentir y eso no se puede hacer”, afirmó Héctor Delgado.

Por su parte, el Diputado Jorge Blanco respaldó la propuesta al destacar la importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

“Siempre nos hemos manifestado en pro de la participación ciudadana y esto es uno de los ejercicios que realizamos: en reiteradas ocasiones invitamos a las personas a que vengan con sus inquietudes en este caso se presentó Héctor que tenían la inquietud de presentar esta iniciativa. Se han manifestado con una voz del ciudadano”, indicó Blanco Durán.

En la segunda iniciativa se reforma por adición de un tercer párrafo al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos busca que el concepto de “amor a la patria” se defina con tres conceptos fundamentales: aprender a defender la buena aplicación de los impuestos, los recursos naturales y el patrimonio nacional.

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