Busca Gaona certificar anexos para combatir clandestinidad
Redacción/SV
Eduardo Gaona, coordinador de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para modificar la Ley Estatal de Salud a fin de combatir la operación de centros de rehabilitación clandestinos.
Con la iniciativa, Gaona busca obligar que los centros de rehabilitación (o anexos) en los que se brinda atención a personas con algún tipo de adicción cuenten con una certificación en materia de respeto a los derechos humanos para atender a los internos, la cual deberá ser expedida por el Consejo Estatal de Salud.
De esta manera se busca dar tranquilidad a los anexados y a sus familiares en relación a que la atención que otorgan estos centros es por gente preparada, que no vulnerará los derechos de quien recibe el servicio.
Es por eso que, además, la certificación deberá estar a la vista del público para dar garantías de que está vigente y que el anexo opera con personal preparado para atender a los internos.
“Las adicciones son vistas como un problema de salud pública pues impacta no solo a los individuos, sino que afecta al desarrollo social y económico, además de la violencia doméstica que se puede generar en el entorno de las personas adictas”, dijo el Coordinador de la Bancada Naranja.
Gaona refirió que en Nuevo León se estima una tendencia creciente en el consumo de alcohol, marihuana e inhalables, así como de metanfetaminas.
Con base a la última Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco realizada por el INEGI, se registró que del 2016 al 2017, fueron 591 mil hombres y 261 mil mujeres los que dijeron consumir alcohol o algún tipo de droga.
Esta tendencia al alza en consumo de drogas y alcohol derivó en un aumento de centros de rehabilitación, públicos y privados, que ofrecen programas de desintoxicación y reincorporación a una vida sana.
Pero esto trajo también la existencia de anexos clandestinos que operan con ilegalidad y sin los permisos correspondientes por parte de la Secretaría de Salud.
“Consideramos que es necesario seguir fortaleciendo el marco jurídico que regula los centros de rehabilitación públicos y privados, es pertinente que existan medidas y requisitos más rigurosos en cuanto a los permisos que son otorgados”, indicó el Congresista.