Propone ruta legislativa para nuevo modelo de protección de La Huasteca
Redacción/SV
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González, presentó un paquete de iniciativas de reforma para mejorar el cuidado y la conservación de La Huasteca y definir las responsabilidades de la Federación, el Estado y los municipios en la administración de esta área natural.
Aunque La Huasteca es una de las áreas naturales protegidas más importantes del estado, señaló, persisten vacíos legales que dificultan su manejo y conservación.
El paquete de reformas propone modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que la Federación pueda celebrar convenios de administración sobre subzonas específicas de áreas naturales protegidas, sin perder la rectoría sobre ellas.
Asimismo, plantea reformas a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno; a la Ley de Gobierno Municipal para definir con claridad las atribuciones de los ayuntamientos en la atención de estas áreas; y a la Ley de Beneficencia Privada del Estado para permitir que organizaciones ambientalistas puedan constituirse bajo esta figura jurídica y participar de manera transparente en la conservación de espacios naturales.
“Falta una regulación importante en el tema de áreas naturales protegidas como La Huasteca. Uno es la Federación, cómo cede estos permisos, estas concesiones; otro es el estado, cuál es su rol… y luego viene el municipio, porque hoy el municipio dice a mí no me toca; el estado igual y la Federación dice ya están los lineamientos, pero no hay establecidas las responsabilidades que le corresponden a cada quien”, dijo.
La legisladora recordó que recientemente el acceso principal a La Huasteca fue rehabilitado; sin embargo, advirtió que siguen pendientes acciones para proteger de manera integral este espacio natural y evitar problemas como desmontes ilegales, construcciones irregulares y afectaciones ambientales.
Las iniciativas toman como referencia el modelo de administración de Chipinque, donde existe una coordinación entre autoridades y una asociación de beneficencia privada que ha permitido mantener un esquema permanente de conservación, independientemente de los cambios de gobierno.
“En Santa Catarina ha existido la voluntad de organizarse, pero no ha sido posible debido a la falta de acuerdos entre los diferentes actores que podrían participar. Por eso queremos llevar este modelo a la ley, para que quede establecido por escrito y podamos garantizar un mejor manejo y conservación del parque”, concluyó.