Denuncian a Grupo Creare por fraude millonario en Aldea Sur en Santiago
Redacción/SV
Un nuevo escándalo inmobiliario sacude al estado de Nuevo León. Al menos 185 compradores del proyecto residencial Aldea Sur, ubicado en el municipio de Santiago, han formalizado denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por un presunto fraude que asciende a cientos de millones de pesos.
César Alejandro “N”, actualmente detenido, ha planteado a través de su defensa un acuerdo reparatorio que contempla la creación de un fideicomiso con un inmueble ubicado en El Barro, en el municipio de Santiago, como garantía, cuyo eventual valor sería destinado a resarcir a las víctimas.
El caso tiene su origen en la operación de la empresa Creare Residences, S.A. de C.V., propiedad del detenido, la cual desde 2018 promovió diversos desarrollos inmobiliarios como Lomas de las Misiones, Fuentes de las Misiones, Aldeasur, Lomas del Barro y Dalia. A través de estos proyectos, se ofrecía la construcción de casas y departamentos con un valor promedio cercano a los tres millones de pesos, solicitando a los clientes un enganche del 33 por ciento y prometiendo la entrega en un plazo aproximado de dos años.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, las obras no se concretaron. Las viviendas no fueron entregadas en los tiempos establecidos, y en muchos casos ni siquiera iniciadas, lo que derivó en denuncias penales por fraude.
Se estima que cerca de mil personas resultaron afectadas, de las cuales alrededor de 500 han iniciado procesos judiciales que actualmente se encuentran en distintas etapas.
El acusado fue ingresado al penal de Apodaca en enero de 2024 bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Ahora bien, el acusado junto con su defensa, proponen un acuerdo reparatorio, que presenta vacíos que no pueden ser ignorados. No se ha especificado el valor real del inmueble que integraría el fideicomiso, ni si este alcanzaría para cubrir la totalidad del daño económico generado.
Tampoco se ha detallado si se contemplan penalizaciones adicionales por incumplimiento contractual, lo cual resulta fundamental considerando la magnitud del caso.
Aceptar un acuerdo sin claridad plena implica para las víctimas un riesgo significativo: renunciar a la posibilidad de recuperar la totalidad de su patrimonio a cambio de una promesa incierta.
Pero rechazarlo tampoco es una decisión sencilla, pues existe el temor de que, si otros afectados aceptan, el acusado pueda obtener beneficios legales que eventualmente le permitan salir de prisión y con ello aumentar el riesgo de evadir la justicia.
En este escenario, el papel de la fiscalía resulta determinante. No basta con facilitar el diálogo entre las partes; su responsabilidad es garantizar que cualquier acuerdo cumpla con el principio de reparación integral del daño. Esto implica verificar la viabilidad real del fideicomiso, así como asegurar que todas las víctimas tengan acceso a información clara, completa y oportuna antes de tomar una decisión.
Un acuerdo de esta magnitud debe ser difundido ampliamente, tanto en medios de comunicación como de manera directa a cada una de las personas afectadas.
Este caso no sólo pone a prueba el sistema de justicia, sino también la capacidad institucional para proteger a quienes confiaron en un proyecto que nunca se materializó. La justicia no puede construirse sobre incertidumbre; debe sostenerse en certezas que realmente garanticen la reparación del daño.
Algunos afectados dijeron: “No se vale que la Fiscalía actúe en favor de quien hirió los intereses de la sociedad, porque no hay que olvidar que la institución del Ministerio Público son los representantes de la sociedad”.
La mayoría de afectados imploran que exista la transparencia en este caso y todos buscan que se les solucione su problema mediante una condición indispensable.
El grupo de afectados de Aldea Sur ha solicitado la intervención directa del Gobierno del Estado y de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Exigen el aseguramiento de los bienes de la empresa para garantizar la reparación del daño y que se ejerza acción penal contra el representante legal de la firma, quien ya cuenta con antecedentes de procesos legales previos.
«Ahorramos toda una vida para un patrimonio en Santiago y hoy solo tenemos un papel firmado y una deuda con el banco. Exigimos justicia”, declaró uno de los afectados durante la ratificación de su denuncia.
Este caso se suma a la reciente crisis de confianza en el sector inmobiliario de Nuevo León, donde la falta de regulación en las preventas ha dejado en la vulnerabilidad a cientos de familias que buscan invertir en la zona de mayor plusvalía del Estado.