Plantea José Manuel Valdez capacitar en derechos humanos a servidores públicos
Redacción/SV
El diputado local del PRI, José Manuel Valdez, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución local para establecer como obligación que todas y todos los servidores públicos del estado reciban capacitación periódica en materia de derechos humanos.
Al exponer la propuesta en tribuna, el legislador tricolor destacó que se busca establecer que el Estado y los municipios en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos realicen la capacitación en derechos humanos a los servidores públicos.
“Presenté una reforma a nuestra Constitución, con la intención de que sea una obligación que los servidores públicos reciban de manera periódica capacitación en materia de derechos humanos. Y que sea otorgada por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, apuntó.
“Es primordial que el servicio público que se le brinde a la población esté basado en un enfoque humanista y sensible a los derechos humanos, y que al mismo tiempo permita a los servidores públicos darse cuenta de qué actitudes pueden constituir posibles violaciones a derechos humanos”, enfatizó.
Valdez Salazar destacó que se contempla reformar el artículo 19 y 161 de la Constitución Política de Nuevo León, para fortalecer el derecho de la ciudadanía a una buena administración pública, basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
“Se requiere que los servidores públicos de nuestra entidad sean capaces de comprender y respetar los derechos fundamentales de la población nuevoleonesa, ya que es esta última quien buscará recurrir a los servicios que sean prestados por estos y que ayuden a satisfacer las necesidades de la colectividad”, expresó.
“Los ciudadanos son la razón de ser del servicio público. Toda actuación de un servidor público debe orientarse a garantizar la dignidad y el bienestar de la población”, subrayó el Diputado.
El legislador tricolor destacó que, si bien existen esfuerzos en materia de profesionalización del servicio público, es necesario elevar a rango constitucional la obligación de capacitación en derechos humanos, para otorgarle mayor peso y solidez jurídica.