Denuncian presunta negligencia de notarías que dejó a familias sin certeza jurídica en NL
Redacción/SV
María Alicia Álvarez Macías, directora general de Grupo 8 11 Soluciones y titular de la división 8 11 Abogados, dio a conocer la presentación de diversas denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por presuntos actos de negligencia, omisiones graves y posibles fraudes cometidos por notarías y otras instituciones, que han afectado el patrimonio de varias familias.
Durante una conferencia de prensa, Álvarez Macías estuvo acompañada por integrantes de su equipo jurídico y por personas afectadas, entre ellas Álvaro Sánchez, Diana Mejorado y Jesús Lara, quienes expusieron públicamente las irregularidades que enfrentan desde hace varios años en trámites relacionados con la compra-venta de viviendas.
En el caso de Álvaro Sánchez, se detalló que en 2019 adquirió una casa mediante un crédito Infonavit, cuya operación se formalizó en la notaría número 58, en Monterrey. Sin embargo, tras múltiples retrasos, la notaría informó que el expediente había sido extraviado y posteriormente se detectó un gravamen millonario a favor de una institución bancaria, pese a que originalmente se emitió un certificado que indicaba que la propiedad estaba libre de adeudos. A seis años de la operación, el afectado continúa pagando el crédito sin contar con certeza jurídica sobre la propiedad.
Respecto a Diana Mejorado, se expuso que en 2021 acudió a una constructora en el municipio de García para adquirir una vivienda, firmando documentación y comenzando a pagar un crédito Infonavit. No obstante, la casa nunca fue construida. Al revisar el registro público, descubrió una escritura expedida por la notaría número 88 que carece de su firma y cuyo contenido no corresponde a la operación que ella creyó haber realizado, situación que su defensa calificó como un posible fraude.
En el caso de Jesús Lara, se denunció que al vender su vivienda en Juárez, Nuevo León, la notaría número 28 realizó un trámite irregular, presentándolo como una compra-venta cuando en realidad se trataba de un traspaso no autorizado por la institución financiera que otorgó el crédito original. Como consecuencia, el comprador dejó de pagar y actualmente Lara enfrenta demandas y adeudos, pese a no habitar ya el inmueble.
Asimismo, se mencionó el caso de Amparo Torres, quien habría sido víctima de una presunta suplantación de identidad en la notaría número 132 durante un trámite de cancelación de gravamen, sin que la notaría actuara para revertir la situación.
Álvarez Macías señaló que en todos los casos ya se presentaron denuncias formales ante la Fiscalía estatal y cuestionó la actuación de las notarías y de instituciones involucradas, al considerar que no cumplieron con su obligación de brindar certeza jurídica.
Finalmente, hizo un llamado al fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, para que se investiguen a fondo los hechos y se sancione conforme a la ley a los responsables.