Busca SNTE homologar Ley Estatal de Educación con Federal
Redacción/SV
Las dirigencias sindicales magisteriales buscan, mediante la homologación de la Ley Estatal de Educación con la disposición federal, impedir cualquier intento de privatizar la enseñanza pública, así como se afecte a los trabajadores en sus derechos esenciales.
La iniciativa fue entregada en la oficialía de partes del Congreso local por los secretarios generales de las secciones 21 y 50 del SNTE, Guadalupe Adolfo Salinas Garza y José Luis López Rosas (acudiendo en su representación el maestro Humberto González), junto con la díputada del Partido Nueva Alianza, Dolores Leal Cantú.
Entre los puntos principales de la nueva ley se destaca el colocar al centro del proceso educativo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como depositarios del interés superior dentro del Sistema Educativoz destacó la legisladora local.
También indicó Leal Cantú que “se recupera la rectoría del Estado en la educación, al establecer que se considerará como un servicio público las acciones realizadas para garantizar su ejercicio”, quitándose asi el riesgo de su privatización.
“Se establece que la educación impartida por el Estado además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, por lo que se fortalece el concepto de escuela pública”, expuso la coordinadora del grupo legislativo del Panal.
En otro apartado, se reconoce el derecho a acceder a la educación de todas las personas desde la educación inicial hasta la superior.
En lo referente a la inclusión social, el dirigente de la Sección 21 Salinas Garza enfatizó que la una educación deberá atiender las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos para eliminar las distintas barreras al aprendizaje, a través de los servicios de educación especial.
En lo que corresponde al Estado se precisa que los muebles e inmuebles destinados a la educación, deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene.
Esto implica que con apego a los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia de baños y de agua potable para consumo humano, con suministro continuo, en cada inmueble de uso escolar público.
Para ello se crea el Comité Escolar de Administración Participativa, con el objetivo de dignificar a los planteles educativos.
También se prevé que el Calendario Escolar será determinado por la autoridad educativa federal, con un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase.
“El calendario podrá ajustarse por la autoridad educativa estatal, de acuerdo con los lineamientos que expida la autoridad educativa federal”, explicó el líder magisterial.
“La nueva ley acentúa que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social”, agregó.
Por ello se establece la obligación de fortalecer a las normales e instituciones de formación docente para cubrir las necesidades del servicio educativo con maestras y maestros, plenamente capacitados para desarrollar su labor.
En lo que respecta a impartición de las clases se reconoce la necesidad de elaborar planes y programas de estudio, acordes con la realidad nacional que reflejen los contextos locales y regionales del ámbito local.
Y se recuperan contenidos curriculares como el civismo, la historia, la filosofía, la música, la geografía y la educación sexual y reproductiva.
La ley fija asimismo obligaciones a particulares que impartan educación como la de abstenerse de condicionar la prestación del servicio público a la adquisición de uniformes y materiales didácticos, así como de actividades extraescolares, además de no retener documentos personales y académicos por falta de pago.
A par de que se establece el mecanismo administrativo para que el Estado se cerciore que los particulares impartan educación cumplan con sus obligaciones.
