Entrega Samuel bases legales para destituir al Bronco
Redacción/SV
El senador de Nuevo León, Samuel Garcia Sepúlveda, entregó este lunes al Congreso del Estado la justificación jurídica de porqué el Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, debe ser multado, destituido e inhabilitado por el desvío de recursos que cometió en su campaña presidencial del 2018.
El legislador federal señaló que la sentencia de febrero de este año “SUP-JE-62/2018 Y SUP-JDC-592/2018” la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó, en un caso similar al de el mandatario nuevoleonés, que el Poder Legislativo debe imponer dicha sanción.
“La Sala Superior del Pleno manifestó que como esta sanción, idéntica a la del Bronco, proviene de una infracción electoral hay un procedimiento especial y especifico para sancionarlo”, explicó el senador.
Garcia Sepúlveda, acompañado de los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar y Horacio Tijerina, explicó a los medios de comunicación que en dicha resolución se lee que el Congreso debe instaurar un procedimiento con fundamento en la Constitución Política del Estado, la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Congreso.
“Uno, se instaurará un procedimiento sumario el cual garantice el derecho de defensa y la garantía de audiencia, en este caso del Gobernador y del secretario de Gobierno; dos, la individualización de la sanción deberá ser acorde al nivel de la gravedad de la infracción; tres, la calificación de la gravedad de la infracción se hará ponderando las circunstancias objetivas de la infracción, por ejemplo el bien jurídico tuteado, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las condiciones externas y el beneficio o lucro obtenido”, detalló García.
Abundó que una vez determinada la gravedad de la infracción, el Poder Legislativo esta facultado a imponer la sanción económica, la destitución y la inhabilitación del mandatario estatal y del Secretario General de Gobierno.
García Sepulveda dejó en claro que ni él, ni los diputados locales de MC permitirán una sanción pírrica en contra de Jaime Rodríguez Calderón ya que esta sentencia es muy clara y el castigo debe ser en proporción al daño que provocó.
“Ya no es un tema de si tienen o no facultad, el Congreso esta obligado a aplicar este procedimiento”, concluyó García.
El ofició con dicho sustento jurídico y una copia de la resolución “SUP-JE-62/2018 Y SUP-JDC-592/2018” de la sala superior del TRIFE fueron entregadas en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León.
