México debe mantener feminicidio como delito tipificado: Sánchez Cordero
México debe de mantener la figura del delito de feminicidio porque esta suscrito a tratados internacionales, por lo que deberá de fortalecerse las acciones penales para ampliar la persecución y castigo de las muertes violentas de mujeres, señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La funcionaria federal indicó además que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador buscará la homologación de los códigos penales del país, para que existan acciones coordinadas en la administración y procuración de la justicia, con sanciones penales homologadas para los diversos delitos.
“Por convicción personal y profesional, pero sobre todo porque México tiene firmados tratados internacionales en este sentido, el delito de feminicidio debe seguir tipificado como tal, y en todo caso, se debe de fortalecer los códigos penales que hay en los estados para actuar todos en el mismo sentido y elevar las sanciones penales”, explicó en entrevista.
La senadora con licencia impartió una conferencia magistral en el IX Congreso Nacional de Derecho Constitucional, organizado por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el que estuvieron el rector de la Máxima Casa de Esatudios, Rogelio Garza Rivera, y el director de la FACDYC, Óscar Lugo Serrato.
En su mensaje, Sánchez Cordero defendió las ocho reformas que el gobierno de la Cuarta Transformación ha realizado en el último año, todas apegadas en la protección a los derechos humanos, con un sustento legal sólido y un respaldo ciudadano amplío “como nunca había visto en mi vida en el servicio público”.
La titular de Segob destacó que la reforma educativa permitió corregir los errores y las violaciones a los derechos de los padres de familia, los niños y los maestros, para garantizar una educación pública universal con visión de futuro.
Asimismo hizo énfasis en que la aprobación de la Guardia Nacional, la extinción de dominio, la reforma a los códigos penales para aplicar la prisión preventiva, permitirán en el mediano y largo plazo, combatir la delincuencia organizada y común, reducir los índices de corrupción y garantizar el castigo para los criminales que violen la ley.
